Gerardo Castillo moderará sesión sobre sostenibilidad en la Cumbre Empresarial Minera 2017

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Desde el lanzamiento de la Global Mining Initiative en mayo del 2002 en Toronto, la industria se ha trazado la pregunta de cómo la acción voluntaria puede mover a la minería hacia formas de desarrollo sostenible. Ciertamente, desde ese entonces, el sector ha avanzado en diseñar e implementar prácticas y procesos sostenibles en las esferas ambientales –promoviendo, por ejemplo, uso más eficientes y limpios de la energía y el agua–, lo financieras, institucionales y sociales, desarrollando para ello formas de asociatividad responsable entre compañías, Estados, comunidades locales y organismos de la sociedad civil.

En la Cumbre Empresarial Minera 2017 ha realizarse en septiembre en Arequipa, será debatido lo aprendido en términos de sostenibilidad y los retos hacia adelante. Precisamente, nuestro director Gerardo Castillo –especialista en desarrollo sostenible y responsabilidad social y miembro del Comité Consultivo de la Cumbre– es el encargado de moderar la sesión dedicada al tema. En ella, Dane Smith (Managing Director de FSG Social Impact Advisors) conversará sobre las posibilidades de incorporar una visión de valor compartido en el sector; Kulvir Singh Gill (Founding Executive Director del Development Partner Framework) explicará el modelo asociativo integrado que han desarrollado para brindar valor compartido en lo económico, ambiental y social a través de los principios del inspirar, colaborar, innovar y educar; y David Brereton (Emeritus Professor del Sustainable Minerals Institute de la University of Queensland) presentará el estado del arte del estudio “Prácticas de gestión social en la industria minera peruana”.

Para el detalle del programa ver: https://www.convencionminera.com/perumin33/index.php/es/conferencias/cumbre-empresarial/programa

Para consultas y contactos sobre cómo podemos ayudarlo en generar negocios socialmente sostenibles, ver: http://societas.com.pe/ES/

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Sobre la comunicación, la no comunicación y el vínculo en la sociedad peruana: a propósito de La teta asustada de Claudia Llosa [1]

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Gerardo Castillo Guzmán[2]

“La teta asustada” (2009) es el nombre de la segunda película de la directora peruana Claudia Llosa. En el 2005 había estrenado su ópera prima, “Madeinusa”, y el 2014 realiza “Aloft: no llores, vuela”, película en inglés ambientada en fríos paisajes del Canadá. Pero la teta asustada se refiere también a uno de los diferentes fenómenos de malestar que sufren poblaciones rurales andinas, Ayacucho en particular, como consecuencia de las hondas fracturas que el conflicto armada interno produjo durante las décadas de 1980 y 1990. Este fenómeno ha sido descrito y analizado por la antropóloga médica Kimberly Theidon en su libro Entre prójimos: el conflicto armado interno y la política de reconciliación en el Perú. Lima: IEP. 2004; el cual se basa en su tesis de doctorado “Traumatic States: Violence and Reconciliation in Peru”. Tesis doctoral. University of California at Berkeley. Berkeley. 2002. Para Theidon, la teta asustada es una de las varias “epistemologías corporales” en que se trasmite una memoria colectiva traumática hacia las nuevas generaciones. Como narra una víctima de aquella violencia:

“Mi hija nació al día siguiente de la matanza de Lloqllepampa. Estaba escondida en una choza. Le tuve que botar a mi esposo porque si venían los militares le hubieran matado. Solita me atendí. Ese tiempo escondiéndonos, ni siquiera tenía leche para darle a mi bebé. ¿De dónde le iba a dar si no comía? Un día me habían dicho: “Si le dejas a tu hija en el cerro, le puede pachar y se puede morir”. Recordando eso le dejé en un cerro para que se muera. ¿Cómo ya iba a vivir así? Yo le había pasado todo mi sufrimiento con mi sangre, con mi teta. La veía de lejos, pero como lloraba mucho tenía que regresar a recogerla porque si los soldados escuchaban, hubieran venido a matarme. Es por eso que digo que mi hija está ahora traumatizada por todo que le he pasado con mi leche, con mi sangre, con mis pensamientos.

Ahora ella no puede estudiar. Ya tiene 17 años y está en quinto grado. No puede pasar, todos los años repite. Dice que le duele la cabeza, le quema, qué será, susto. Desde bebita era así. Le he hecho ver con un curandero, y ellos le han cambiado la suerte. Un tiempo está bien y después sigue igual. Le he llevado a la posta y me han dado una pastilla [dicloxicilina] para que tome diario. ¿Qué será? Ya no quiere tomar.”

Salomé Baldeón, Accomarca (Theidon 2004, pp. 76-77)

En estas breves líneas, quiero señalar algunas pistas sobre la centralidad de la memoria, la comunicación y el vínculo en “La teta asustada”. La trama de la película es relativamente simple, Fausta, una joven de origen campesino (posiblemente de la región Ayacucho) –quien ha migrado junto a familiares a barrios marginales de Lima– vive con terror la posibilidad de cualquier interacción, muy especialmente con los hombres. Este terror se explica por el hecho traumático que ella es producto de la violación de su madre por parte de miembros de las fuerzas armadas, quienes además asesinaron a su padre.  Fausta vive permanentemente recordando la violación, lo cual es vivido como una enfermedad que le ha robado el alma y se ha transmitido a través de la leche materna, lo cual es conocido por su familia y entorno como la “teta asustada”. La muerte de la madre, y la necesidad de enterrar su cuerpo de regreso en su pueblo de origen, obligará a Fausta a confrontar su pasado y enfrentar el mundo externo.

En mi opinión, esta trama se desenvuelve a lo largo de una serie de oposiciones y resoluciones de no-comunicación y comunicación entre diferentes personajes (que funcionan como arquetipos) a diferentes niveles.

Por ejemplo, Fausta se comunica con su madre a través del canto (en quechua, su lengua materna), pero esta comunicación no busca dialogar (informar, conversar sobre la realidad personal y colectiva de ambas) sino todo lo contrario, cerrar el diálogo, recordar una y otra vez el momento traumático de la violación. Así la madre le dice a Fausta que con su canto “riegas mi memoria que se seca”. A través de la palabra (el canto) se transmite la memoria y el miedo que fueron inicialmente transferidos y corporizados por la leche materna. Ese es el vínculo que une a madre e hija frente a la vergüenza de la violación pública que “quizás algún día sepas comprender…”.

De otro lado, la relación entre Fausta y la artista adinerada para quien trabaja reproduce las barreras de desconfianza, incomprensión, jerarquización y apropiación que caracterizan las relaciones arquetípicas entre las élites blancas de la sociedad peruana y las mayorías populares de origen indígena. Así, la comunicación se da solo a través de las canciones de Fausta, que la artista se apropia para componer un recital de piano. Es sintomático que la señora le cambie de nombre a Fausta (Priscila, Isidra, Santiaga); Fausta no funciona para ella como individuo sino como representante de esas poblaciones campesinas. Cuando, tras el éxito del recital, Fausta intenta establecer un diálogo entre iguales, la señora quiebra el pacto y la echa del automóvil.

De manera contraria, con quien Fausta sí logra establecer un diálogo entre iguales es con el jardinero. Para ello utilizan el quechua y construyen un “nosotros” frente a un “otros”. Este nosotros no solo incluye la lengua, sino también un conocimiento y un origen común en localidades de los Andes. Ni siquiera con los migrantes de segunda generación (acriollados y adaptados a la escena urbana, que han dejado el huayno por la música chicha) ese acercamiento es posible.

Un punto aparte merece fijarse en elementos del escenario que pueden funcionar como barreras o canales de comunicación: las escaleras en los cerros (las cuales pueden conectar barrios, pero también funcionan como callejones estrechos en los que Fausta se expone), la puerta levadiza en la mansión, la ventana a través de la cual se asoma Fausta, etc.

La resolución del hecho traumático (el “eterno retorno” como diríamos en antropología) ocurre cuando el tío de Fausta le tapa la boca y la fuerza a respirar para vivir, a salir de ella misma. En ese momento no solo acepta la ayuda del jardinero, sino que, al permitir ser operada, opta por vivir y por la posibilidad de establecer vínculos. En esta aceptación, además, hay voluntad individual, agencia: Fausta toma las perlas que le pertenecen, pide que le extraigan la papa de la vagina, sale a la puerta y acepta el regalo del jardinero (una flor abierta). Como dice el jardinero: “solo la muerte es obligatoria, lo demás es porque queremos”.

Cuando Fausta detiene el auto que lleva el ataúd de la madre para ser enterrada en la sierra, quiebra con el designio, el retorno al origen y optar por el mar, el paisaje de la libertad. Ya no va hacia el lugar donde acompañará a sus padres muertos para escapar de la soledad, opta por iniciar nuevos vínculos en un nuevo espacio.

“La teta asustada” es un doloroso ejemplo de la transmisión de la memoria social y el esfuerzo por superar el hecho traumático en el que se queda anclada la memoria y la acción. En este sentido, es clara la importancia del subtítulo de la película “un viaje del miedo a la libertad”. Pero mientras en los procesos analizados por Theidon, la reconciliación es un proceso colectivo, en Llosa ella es un proceso individual (o, más precisamente, dialógico). Ciertamente, a través de la construcción de un vínculo entre iguales con el jardinero (imagen protectora, aunque no despojada de atracción sexual, que actúa como agente terapéutico), Fausta logra abrir la puerta y tomar la flor de papa que se le ofrece. Esa misma papa que oculta en el cuerpo de Fausta la conduce a la muerte, fuera de ella florece y es símbolo de vida. Quisiera que estas breves reflexiones ayuden a animar un debate que, más allá de estas líneas, resuenen en su labor terapéutica diaria.

[1] Versión corregida de la presentación dada durante la sesión de cine fórum organizada por el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima el 27 de febrero del 2016.

[2] Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo electrónico: castillo.gm@pucp.edu.pe

Avances y retos en el manejo de los recursos provenientes de las industrias extractivas

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Gerardo Castillo Guzmán[1]

Transformar los recursos financieros provenientes de la explotación de minerales, gas y petróleo en desarrollo sostenible de los países que poseen los recursos naturales y mejora de la calidad de vida de las poblaciones adyacentes a los proyectos extractivos es una meta compartida por diversos actores y constituye el mayor reto para las industrias extractivas (IIEE). Una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para este logro es el contar con procesos transparentes sobre la captación, la distribución, la gestión y el uso de dichos recursos financieros.

Desde este 24 de febrero, y por dos días, el Perú es sede de la séptima conferencia global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Como parte de los esfuerzos mundiales por evitar varios de los problemas asociados con la gestión de los recursos naturales y promover una mejor gobernanza de los mismos, en el año 2003 se lanzó en Londres la declaración de principios de esta iniciativa. La EITI es un conjunto de principios y estándares globales para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos provenientes de los sectores de minería, petróleo y gas.

En el año 2005, el gobierno peruano indicó su compromiso de adherirse a los principios de la iniciativa y, junto con las compañías extractivas que operan en el país y las organizaciones de la sociedad civil, se ha venido avanzando en dicha implementación. De esta manera, en el 2008 el Perú se convirtió en país candidato y el 2012 se le certificó como país cumplidor pleno de los principios EITI.

A lo largo de este proceso continuado de más de 10 años, los avances alcanzados son notables. El Perú es parte de una iniciativa global que se inició con 22 países y ahora congrega a 49 países implementadores. Asimismo, la participación voluntaria de las empresas extractivas ha ido en aumento, lo cual muestra la importancia que para ellas adquiere el operar de manera transparente en los países receptores. Así, en el 2008, cuando se realizó el primer estudio de conciliación nacional, participaron 33 empresas, tanto del sector minero como del de hidrocarburos. El 2014, con el cuarto estudio de conciliación, se alcanzó el pico de participación empresarial con 63 empresas. Este año, el número de empresas participantes en el quinto estudio ha caído ligeramente.

De otro lado, la experiencia del EITI ha permitido construir y difundir información entre diversos grupos de actores. Para ello, la labor de sectores de la sociedad civil como el Grupo Propuesta Ciudadana y el apoyo de la cooperación internacional han sido de enorme valía. En este proceso, asimismo, la sociedad civil ha fortalecido sus capacidades técnicas para entablar un diálogo franco con los representantes del estado y las empresas.

Precisamente, tal vez la lección más rica de la EITI en el Perú es la formación y el mantenimiento de un espacio multi-actor que a pesar de las diferencias ha sabido encontrar soluciones y compromisos de consenso y crear confianza. Sin el decidido liderazgo del estado, muy especialmente del Ministerio de Energía y Minas, ello habría sido una tarea más difícil.

En un país en el que existen enormes déficits de confianza en nuestras instituciones, los logros alcanzados son invalorables y requieren que se difundan y tomen con ejemplo para otros sectores.

Ciertamente, los retos actuales y futuros de la iniciativa de transparencia son grandes. Uno de ellos es el asegurar la continuidad y el fortalecimiento institucional de la EITI Perú. El tema del financiamiento y la sostenibilidad es importante pero también lo es el compromiso de las empresas por continuar en el proceso y proveer de información oportuna. El que Chinalco, una empresa que produce más del 2% del valor minero nacional, se haya retirado del quinto estudio pone en peligro los compromisos que hemos adquirido como país cumplidor. Junto a este reto, se encuentra la necesidad de avanzar en la automatización de la información, para así lograr resultados más a tiempo y más exactos.

De otro lado, la plataforma de la EITI en el país ha madurado y transformado. La necesidad de examinar la transparencia de los pagos de las empresas al gobierno central, que sigue siendo importante, da lugar a nuevas necesidades: la de examinar la transparencia en la asignación y la distribución de los recursos provenientes de las IIEE (el sistema de canon), la dirección del gasto, la calidad del mismo y los resultados alcanzados para incrementar de manera sostenible la calidad de vida de las poblaciones. Calidad de vida que es el fin para el cual la transparencia es uno de los varios medios. El avanzar en el proceso de impulsar la EITI en los gobiernos regionales y locales e incluir nuevos indicadores que midan mejoras en la calidad de vida van en ese camino. En esta línea, es sumamente positivo el anuncio de a las regiones de Piura y Moquegua ya existentes, se incorporan Arequipa y Loreto en los estudios subnacionales.

Finalmente, desde la sociedad civil se viene propugnando incluir en los estudios de transparencia, información social y ambiental de las compañías y sus proyectos. Se podrá discutir sobre la conveniencia de los mecanismos de la EITI para ello; pero justamente la institucionalización de la iniciativa proporciona un magnífico espacio para la discusión y la maduración de ideas para avanzar en los retos de construir una industria extractiva de mano con la sostenibilidad económica, social y ambiental del país.

[1] Director de Societas Consultora de Análisis Social. Correo electrónico: gerardocastillo@societas.com.pe

Transforming Andean Space: Local Experiences of Mining Development in Peru – abstract [1]

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Gerardo Castillo Guzmán

Mining is a major component of economic growth in many resource-endowed countries. In addition, mining development causes mixed social, cultural, environmental and economic effects in the regions in which it takes place. State agencies, the industry, and civil society groups have implemented a range of social and economic measures in response to these effects. To examine the changes, many researchers use an impact-assessment approach, or social movement theories, which provide several advantages but also significant limitations. The aim of this thesis is to create an understanding of the transformations that rural societies experience in the context of mining development in the Peruvian Andes, using a novel approach taken from geographical theories of the “production of space”. This approach enables analysis of environmental, political, economic, social and symbolic elements within a single frame and across time and spatial scales. This thesis examines transformations related to land access, production, mobility and representations of place from the perspective of local families. The main argument presented in this thesis is that spatial transformations prompted by current mining development in Peru exhibit four central features that depart from conventional accounts of social change in rural Western societies. Firstly, exogenous market integration between rural and urban areas is emerging as a result of increased wage labor in non-farming activities and consumption of external goods, and is not due to a rise in farming productivity. Secondly, the resulting urbanization is not a binary or permanent process from rural to urban locations, but a mixed and fluid process wherein families use their networks to bridge both spaces. Thirdly, social relations have not necessarily become more individualistic and anonymous, yet kinship and social networks remain central to individual lives; however, some social relations and identities are increasingly challenged, especially those in relation to gender. Lastly, gender and age, as well as collective and individual experiences and interests, significantly shape the construction of social representations of the city and the countryside. Grounded in the interpretative tradition, this thesis examines the experiences of 14 families over the past 20 years in the vicinity of the La Granja copper project in Cajamarca, Northern Peru. A comprehensive narrative has been built through diverse voices and perspectives (family heads and their partners, local leaders and qualified informants, company employees and social scientists), sources and techniques (in-depth and multi-site interviews, ethnographic observations, socio-economic secondary data, and local fiction).

[1] The full document can be accessed at: https://www.academia.edu/20392854/Transforming_Andean_Space_Local_Experiences_of_Mining_Development_in_Peru

Transformaciones institucionales en el contexto del boom extractivo en el Perú: cambios y permanencias

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Gerardo Castillo Guzmán

Es conocido que buena parte del desempeño de la economía y la institucionalidad del país ha estado ligado a sucesivos ciclos exportadores de mercancías o commodities a lo largo de su vida independiente(1) . Ello es particularmente cierto para el último ciclo exportador de minerales –el llamado boom minero– que el Perú ha experimentado desde inicios de la década de 1990s. Tras la aguda crisis económica(2), política(3) y social(4), el estado inició una serie de reformas con el objetivo de atraer inversión extranjera en el país. Estas reformas –que fueron diseñadas con el apoyo de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo– tuvieron como punta de lanza al sector minero(6). De esta manera, si bien no es posible afirmar que todos los cambios institucionales que se produjeron en el país han sido causados directamente por el desarrollo minero, es indudable que este desarrollo ha contribuido en gran medida a moldear la dirección, la profundidad y la velocidad de los cambios.

Tanto por su complejidad como por su capacidad de afectar a otros actores, el estado es el principal agente de cambio institucional en este proceso que cubre diversos aspectos, incluyendo la relación con el capital, con el territorio y con las poblaciones. Así, de un lado, se realizaron profundas reformas legales e institucionales en el país para asegurar la libre circulación de capital. Ello supuso la liberalización de la economía, la desaparición de competencia estatal, la no intervención en la fijación de precios (especialmente el de moneda extranjera), la no discriminación entre empresas nacionales y extranjeras, la libre repatriación de capitales y la disminución de las barreras arancelarias, entre otras medidas. En el sector minero, además, las reformas implicaron facilidades adicionales (como la depreciación rápida y el no pago de tributos a cambio de reinversión), las cuales se consagraron en acuerdos de estabilidad(6). Estas reformas necesitaron de la creación o reformulación de un conjunto de instituciones encargadas de regular la economía y el flujo de capitales. Por ejemplo, se garantizó la autonomía del Banco Central de Reserva, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, fue reestructurada y a cumplido un papel central en el esquema resultante. Aunque mal diseñado y con serios problemas de implementación, el sistema de distribución de los recursos provenientes de las industrias hacia los gobiernos sub-nacionales (el canon) ha sido una de las innovaciones institucionales(7) que más controversia ha generado. La existencia de estos fondos ha modificado significativamente el desempeño de muchos gobiernos regionales y locales y, además, ha creado o acelerado importantes dinámicas con las poblaciones locales; por ejemplo, formas de clientelismo(8) o el incremento de la fragmentación de la representación política(9). Ciertamente, el ingreso de importantes y repentinos recursos financieros a los nacientes gobiernos sub-nacionales ha contribuido a moldear el último proceso de descentralización iniciado en el país en los años 2000s.

Además, aunque insuficientes, se crearon mecanismos e instituciones destinadas a supervisar el gasto público, tales como el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP o la Contraloría General de la República. En esta línea, tanto por las acciones legislativas como las de vigilancia, el incremento de los ingresos provenientes de la minería ha influido en el accionar del Congreso de la República (con la creación de comisiones específicas, por ejemplo) y el Poder Judicial. Finalmente, instituciones como ProInversión (y sus acciones para crear fideicomisos sociales) han procurado guiar parte de los flujos de capital hacia poblaciones locales.

De otro lado, existieron reformas institucionales para asegurar el acceso a la tierra. De esta manera, se reestructuraron los regímenes de propiedad (por ejemplo, el de las comunidades campesinas) y se inició un agresivo proceso de titulación de tierras (primero a través del Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural – PETT y luego mediante el Organismo de Formalización de la propiedad informal – COFOPRI). Asimismo, desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) se creó un moderno catastro minero, cuyo funcionamiento fue encargado al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Precisamente, el MINEM ha sido una de las instituciones públicas que más se han fortalecido a lo largo de este proceso, incluyendo la creación de la Oficina de Gestión Social, encargada de promover mesas de desarrollo en áreas de inversión minera.

Junto con las reformas económicas, aunque a una escala mucho menor, se implementaron reformas en la regulación ambiental. De esta manera, se crearon nuevos estándares ambientales y mecanismos de medición, vigilancia y sanción. El más notable cambio institucional ha sido la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM) y el tránsito –aunque resistido por varios actores– de la regulación sectorial a la regulación transversal y centralizada. Como parte de este proceso, se crearon también organismos reguladores como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

De otro lado, una de las transformaciones más importantes que se han producido en la institucionalidad del país en relación al boom minero son las prácticas, los mecanismos y la legislación creciente que permite y regula la partición de las poblaciones locales; aun cuando ello haya sido un efecto no esperado(10). Muestra de ello es la creación y la evolución de los mecanismos de participación ciudadana desde el MINEM hasta la promulgación e implementación de leyes de consulta previa en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La implementación de dicha legislación se ha inscrito en un nuevo marco institucional. Así la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas es parte de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual se ubica en el Vice Ministerio de Interculturalidad del recientemente formado Ministerio de Cultura.

También es necesario mencionar la formulación e implementación de normas de transparencia y vigilancia sobre los recursos provenientes de las industrias extractivas, las cuales obligan y permiten a los organismos públicos a proveer de dicha información, algo inédito en los demás países de la región. Ligado a ello, se encuentra el esfuerzo desde el estado por ser parte de la Extractive Industries Transparency Iniciative (EITI), en la cual el país fue ratificado como miembro cumplidor el año 2012.

Desde el lado del empresariado, también se han producido cambios institucionales. De un lado, el arribo de compañías transnacionales –varias de ellas miembros del ICMM– supuso el cumplimiento de nuevos estándares voluntarios globales. Por ejemplo, los Principios de Ecuador, los lineamientos del Pacto Global, las regulaciones del Banco Mundial y su brazo financiero la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) o los principios de desarrollo sostenible del propio ICMM. De otro lado, las compañías asentadas en el país se aglutinan alrededor de su gremio, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Ella misma sufre transformaciones. En la década de 1970 era solamente Sociedad Nacional de Minería. En los 1980s cambia a Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y recién en 1998 se incorpora el sector energía y adquiere el actual nombre. Sin embargo, debido a que sienten que sus intereses no son debidamente representados, a inicios del 2013 se genera un cisma y 14 empresas de hidrocarburos forman la Sociedad Peruana de Hidrocarburos – SPH (11) .

La sociedad civil también ha visto el crecimiento y el fortalecimiento de varias de sus organizaciones ligadas al sector extractivo. Algunas de estas organizaciones se crearon ad hoc (tal es el caso del Grupo Propuesta Ciudadana, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible o la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) mientras otras variaron su foco de interés (como la Organización Civil Labor) o adecuaron parte de sus líneas a las nuevas oportunidades o retos (como es el caso de la Red Muqui, o ONGs como CARE y Cáritas).

La institucionalidad entre las poblaciones locales y las organizaciones de base también ha experimentado cambios. Han surgido nuevas formas de representación sobre la base de una relación de afectación y oposición al desarrollo extractivo (por ejemplo, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI), nuevas formas de movilización local(12) y nuevas formas de negociación (incluyendo la posibilidad que comunidades locales sean accionistas de los proyectos extractivos ubicados en sus áreas de influencia).

Ciertamente, los crecientes procesos de conflicto y negociación han influido significativamente sobre la institucionalidad de los diversos actores a diversas escalas y de manera compleja. Ello ha ocurrido en el estado, desde el fortalecimiento del papel de la Defensoría del Pueblo (y su unidad de resolución de conflictos) hasta la creación y evolución de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, de la oficina de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) pasando por la Oficina de Gestión Social del MINEM y la implementación de mesas de desarrollo. La Iglesia Católica se ha visto también involucrada, aún sin contar con funciones específicas de mediación de conflicto dentro de su estructura y con posiciones a su interior muchas veces opuestas. Desde las organizaciones de base, además del surgimiento o la activación de frentes de defensa, rondas campesinas y confederaciones de diverso alcance, los procesos de conflicto han servido de arena sobre la cual se han lanzado iniciativas políticas y movimientos regionales; tal es el caso del Movimiento de Afirmación Social – MAS y Tierra y Libertad en Cajamarca y Espinar. Además, aunado al incremento del presupuesto que han tenido las universidades públicas en regiones extractivas, muchas instituciones de enseñanza superior han creado programas de gestión y resolución de conflictos.

En breve, es posible clasificar las transformaciones institucionales ocurridas en cuatro categorías: i) transformaciones diseñadas ad hoc, por ejemplo, el sistema del catastro minero; ii) transformaciones no planeadas (debido a expansión o cambio de función), por ejemplo, crecimiento de la burocracia de los gobiernos locales o cambio en las funciones de las rondas campesinas(13); iii) transformaciones producto de voluntades e intereses políticos pero sin un marco legal apropiado (por ejemplo, las gerencias y las normas ambientales para proyectos de mediana y gran escala en Arequipa o Cusco o la implementación de planes de ordenamiento territorial como forma de oponerse al desarrollo minero a gran escala en Cajamarca; iv) ausencia de cambio institucional, por ejemplo, vigilancia desde la ciudadanía y la sociedad civil a los gobiernos sub-nacionales(14), asociaciones de mujeres e institucionalidad sensible al género, instancias ambientales y de resolución de conflicto para proyectos extractivos de mediana y gran escala en los gobiernos sub-nacionales.

Desde hace un tiempo, sin embargo, se ha hecho evidente que la caída en el precio de los minerales y otras commodities no es coyuntural y con ello se marca el fin del ascenso del boom minero en el país. Cambios en el modelo de crecimiento de China (que pasa de la exportación manufacturera al énfasis en los servicios y el consumo interno) son en buena medida responsables de un menor consumo de minerales. En este contexto de desaceleración de la expansión minera, diversos actores –muchas veces opuestos en sus posiciones ideológicas– consideran que la institucionalidad existente es inadecuada. Para algunos por sectores ella está diseñada para permitir el avance incontrolado de un modelo extractivista. Para otros sectores, la institucionalidad existente significa una traba al desarrollo económico. Antes que la consolidación de las reformas institucionales avanzadas se procuraría su desmantelamiento, como es el caso del proceso de descentralización. Por ello, urge analizar la pertinencia de los marcos institucionales creados en las últimas dos décadas y examinar las posibilidades de adaptación y sostenibilidad de los mismos de cara a los nuevos escenarios que presenta el desarrollo minero en el país.

Notas

(1) Thorp, R. & Bertram, G., 1978. Peru 1890 – 1977: growth and policy in an open economy. New York: Columbia University Press.

(2) Así, por ejemplo, el país sufrió la segunda hiperinflación más alta registrada en la historia moderna mundial.

(3) La insurgencia armada desencadenada por el grupo maoísta Sendero Luminoso provocó la muerte o desaparición de alrededor de 70,000 personas, en su gran mayoría poblaciones campesinas e indígenas.

(4) Como parte de estrategias locales de luchar contra la pobreza, la sociedad peruana acentuó los rasgos de informalidad que hasta ahora presenta.

(5) Soria, L., 2015. Country-study Peru on accountability of the budgeting process with revenues from the extractive industries. Lima: Societas Consultora de Análisis Social.

(6) Ibid.

(7) Ciertamente, un sistema de esta naturaleza no existe en otros países con riqueza extractiva.

(8) Arellano-Yanguas, J., 2011. ¿Minería sin fronteras?: conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú. Lima: UARM/IEP/PUCP.

(9) Salas, G., 2010. “La embriaguez del canon minero: La política distrital en San Marcos a doce años de la presencia de Antamina”. Anthropologica, 28(28), pp. 111-138.

(10) Castillo, G 2002, ‘International lending institutions, the State, and indigenous movements in the Latin America of the 1990s’, The University of Oklahoma, visto 11 julio 2014, <https://www.academia.edu/7355412/International_Lending_Institutions_the_State_and_Indigenous_Movements_in_the_Latin_America_of_the_1990s&gt;.

(11) Bosio, R. M., 2015. Un nuevo gremio para una nueva minería. Energiminas, 7(44), pp. 34, 36.

(12) Damonte, G., 2007. “Minería y política: la recreación de luchas campesinas en dos comunidades andinas”. En: A. Bebbington, ed. Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de transformaciones territoriales. Lima: IEP, pp. 117-162.

(13) Damonte, G 2012, ‘Dinámicas rentistas: transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería’, GRADE, visto 11 julio 2014, <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/grade/20121109040224/30_damonte.pdf&gt;.

(14) La escasa vigilancia ejercida desde la sociedad civil se ha limitada, en gran medida, a las empresas mineras de gran escala.

Societas es miembro de la Cámara Peruano Australiana de Comercio

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Como parte de nuestra estrategia de crecimiento y ampliación de servicios, Societas se ha incorporado a la Australia Peru Chamber of Commerce (APPCI). De esta manera, Societas no solo busca afianzar la relación que mantiene con empresas australianas, sino que apuesta por una de las más dinámicas alianzas comerciales y culturales entre el Perú y Australia. Efectivamente, estratégicamente localizados en la cuenca del Pacífico, el Perú es una puerta de entrada privilegiada para los mercados sudamericanos mientras Australia puede convertirse en un enlace con las economías y sociedades del Asia; más aún tras la firma de su tratado de libre de comercio con China. De otro lado, el intercambio con empresas e instituciones australianas es una enorme oportunidad para adquirir experiencia en modelos de responsabilidad social y gobernanza con los más altos niveles globales. Para Societas, esta oportunidad forma parte de nuestro compromiso continuar ofreciendo a nuestros clientes los mejores estándares en sus servicios.

Como parte de las primeras actividades, Gerardo Castillo –director de Societas– participó en el Australia Business Network cocktail organizado el pasado 27 de agosto por la APCCI y la agencia australiana de comercio Austrade. El evento sirvió para presentar la nueva junta directiva y plan estratégico 2015-2017 de la cámara de comercio, además de tener la oportunidad de ampliar las redes entre los asociados.

Desafíos, persistencias y cambios: ¡celebramos nuestro quinto aniversario!

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En un país donde la institucionalidad suele ser precaria y las iniciativas individuales y colectivas tienden a ser de corta duración, el haber cumplido cinco años de labor nos produce gran satisfacción y entusiasmo.

Estos primeros cinco años de Societas han sido de aprendizaje, crecimiento y consolidación, pero también de riesgos, cambios y apuestas nuevas. Societas surgió con el propósito de generar conocimiento aplicado de primera calidad que permita una mejor gestión social entre diferentes actores y en diferentes entornos. Para ello congregamos a un equipo de profesionales altamente calificado en diversas especialidades que cubren el ciclo completo de proyectos de desarrollo social y económico, desde el diagnóstico y el planeamiento estratégico hasta la evaluación de resultados y el monitoreo de indicadores. Además, establecimos principios guía de integridad ética, excelencia académica e independencia. De esta manera, hemos podido ofrecer servicios especializados dirigidos por consultores senior que están adaptados a las particulares necesidades de actores diversos en el sector privado, el Estado y la sociedad civil.

Este tiempo ha supuesto también retos y aprendizajes. Uno de los mayores retos que hemos enfrentado es el poder comprender y gestionar de manera conjunta procesos sociales dentro de las localidades y las regiones que tienen lugar. Frente a ello, hemos incorporado una mirada espacial dentro de nuestro quehacer. De un lado, el análisis espacial facilita el integrar diversos temas –tales como gestión social de las industrias extractivas, desarrollo rural y regional, planes de zonificación ecológica y económica, impactos sobre las relaciones de género o evaluación de la calidad de la inversión pública y privada– dentro de las dinámicas territoriales en las que operan. De otro lado, permite escapar a tradicionales enfoques basados en el análisis de afectación ambiental para iluminar la conformación de redes sociales que cubren extensos territorios de manera discontinua. Esta visión espacial nos ha permitido afinar el análisis estratégico en el manejo de las relaciones comunitarias de los espacios donde operan actores diversos.

Todo proceso de transformación puede generar diversas respuestas. En Societas hemos apostado el sentirnos alentados por los cambios y continuar innovando y renovándonos. Por ello, en este quinto aniversario, queremos agradecer a todas las personas e instituciones que nos animan y apoyan en este viaje de transformación en la búsqueda de mejores entornos sociales.

Desafíos institucionales para el empleo efectivo de recursos provenientes de las industrias extractivas

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El 26 de junio pasado, nuestro director Gerardo Castillo participó como invitado en la reunión de expertos sobre la minería peruana “Unblocking bottlenecks to effective resource revenue management”. Organizada por Oxfam América, la reunión se llevó a cabo en la ciudad de Washington y contó con la presencia de representantes de la industria minera, la sociedad civil, el gobierno peruano y el Banco Mundial.

La presentación de Gerardo abrió el debate y discutió seis temas centrales con respecto a los desafíos institucionales para el empleo efectivo de recursos provenientes del sector minero en el Perú:

  • Altos niveles de confusión con respecto al diagnóstico, los objetivos y los medios en la gestión de los recursos financieros provenientes de la minería

Una primera confusión se produce en el diagnóstico. Varios analistas y hacedores de políticas consideran que los conflictos alrededor de la minería se producen porque las actividades mineras perjudican el ambiente y el balance de los actores locales sería que la minería genera más efectos negativos que positivos. Si esto es así, entonces se procuraría de elevar los beneficios reales y percibidos para mejorar el balance hacia la inversión minera. Esto se realizaría a través de la inversión masiva de recursos. Sin embargo, los conflictos tienden a ser multicausales y diferenciados por actores. En muchas ocasiones, y en el contexto de espacios institucionales para canalizar las demandas, ellos son utilizados por los actores locales como un medio de apropiarse de mayores beneficios. Ello es el caso, por ejemplo, de varios proyectos ligados a fondos sociales o fideicomisos que no han visto mayores avances en su desarrollo. En otras palabras, la sola inyección de inversiones en un territorio no asegura la disminución y la adecuada gestión de los conflictos.

Un segundo tema con poca claridad es el establecer la escala en la que se está buscando la eficacia de la inversión de recursos provenientes de las actividades mineras: nacional, regional o local. Cada una de estas escalas conduce a políticas públicas y corporativas diferenciadas.

Un tercer tema es la poca claridad de los propósitos que guían la inversión: ¿reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, productividad agraria, capacitación, manejo de conflictos, compensación por afectación ambiental o social?

Relacionado a este punto se encuentra la concepción de que los recursos financieros derivados de las actividades extractivas deben servir como compensación a determinados territorios. Esto fue el caso para la creación del sistema del canon, que se inició con a partir de la extracción del gas de Camisea en el Cusco. Este es un sistema inadecuado porque, primero, entra en contradicción con el principio político de recursos nacionales que deben ser utilizados para el beneficio de todos los ciudadanos y los territoritorios. Segundo, porque las medidas y los costos de manejo y eventual compensación (ya sea por temas sociales o ambientales) deben de ser asumidas por el agente que causa la actividad (los proyectos mineros a través de los planes de manejo ambiental y programas de RSE) y no por el Estado con fondos públicos. Tercero, su mal diseño distributivo ha creado enormes desigualdades presupuestales entre regiones y al interior de ellas. Cuarto, no está ligado a mecanismos de control de gasto, con lo cual ha profundizado los enormes problemas de corrupción y clientelismo político en el país. Quinto, al no haberse definido objetivos e indicadores de calidad, el gasto de los recursos del canon poco ha contribuido a la implementación de proyectos sostenibles de desarrollo social.

  •  Vaga definición y pobre implementación de objetivos de desarrollo social y económico

Dado que los recursos provenientes del sistema del canon son propios de cada gobierno regional y local, existe una discrecionalidad extrema para su uso. De esta manera, si se siguen los procesos administrativos adecuados establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, los gobiernos pueden ejecutar casi cualquier proyecto de infraestructura, como estadios y plazas de toros.

Por ello, es necesario fortalecer un sistema de presupuesto por resultados con objetivos claros para todos los gobiernos y énfasis en desarrollo humano (educación, salud y sanidad) y la disminución de brechas (tanto rural / urbana como de género) antes que en la mera construcción de infraestructura. Sé de los desafíos que este enfoque presenta (debilidad de capacidades e imposición de arriba abajo) pero se tiene que trabajar en ello. Se debe encontrar un mejor balance entre metas nacionales y participación ciudadana local.

De otro lado, se debe de colocar un mayor énfasis en el mejor diseño e implementación de proyectos de desarrollo. En este sentido, interesa fortalecer el trabajo de ONGs de primer piso que vienen implementando acciones de desarrollo rural (por ejemplo, el trabajo con camélidos sudamericanos, mejoramiento de cultivos, manejo eficiente del agua, etc.).

Esto implica, de un lado, fortalecer las capacidades locales para el desarrollo (recursos humanos en el Estado y la sociedad civil, etc.). Las experiencias de los gobiernos regionales de Arequipa, Moquegua y San Martín –con personal profesional consolidado y con experiencia en el manejo público–

De otro lado, debiera significar desarrollar pactos sociales de largo aliento, con un horizonte mínimo a la duración de los proyectos mineros. Es decir, contar con una acción social vinculada al ciclo del desarrollo del proyecto minero. Cada fase de ese ciclo reclama acciones específicas y muchas de ellas vinculadas con los recursos que éste produce.

  • Gasto indiscriminado de recursos provenientes de las industrias extractivas

El gasto indiscriminado de recursos públicos provenientes de las industrias extractivas tiende a generar proyectos de muy baja calidad, poca eficacia y que no han sido diseñados dentro de los planes de desarrollo concertado.

Además, este tipo de gasto genera incentivos perversos para el establecimiento de sistemas políticos clientelistas y con altos niveles de corrupción. Por ejemplo, el Gobierno Regional de Ancash, uno de los más corruptos que existen, hasta hace muy poco era elogiado por el Ministerio de Economía y Finanzas por su elevado porcentaje de gasto.

Por ello, urge reformular el sistema de gasto, crear esquemas de fondos de estabilización y pasar a proyectos y presupuestos multianuales (con indicadores de calidad de mediano plazo).

En este contexto, el esquema de “proyectos por impuestos” podría ser contraproducente. Primero, porque distribuye aún mayores recursos públicos en regiones mineras (lo cual es una manera de subsidiar formas de licencia social). Esto generaría un círculo vicioso: menos canon, más presión de gobiernos locales por asegurar proyectos con aportes de compañías mineras (por razones de clientelismo político) y menos impuestos. Segundo, porque estos proyectos tienden a ser de infraestructura cuyo mantenimiento no necesariamente será asumido por actores públicos (ya sean organismos sectoriales del gobierno central o gobiernos regionales y locales).

  • Escaso monitoreo del gasto de las instituciones públicas y los gobiernos regionales y locales

Gracias, en buena parte, a iniciativas como el EITI, los recursos que generan y los impuestos que pagan la mayoría de las empresas mineras formales son monitoreados y la información se encuentra disponible. Sin embargo, la vigilancia y el control del gasto que realizan los gobiernos regionales y locales es pobre.

Por ello, el monitoreo debe ir más allá de los empresas. Más aun teniendo cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Espinar el 66% de los recursos invertidos durante 10 años tuvieron un origen público. La inversión, tanto pública como privada, debe ser parte de planes de desarrollo concertado e incorporar indicadores de resultados y eficacia. Asimismo, los mecanismos de transparencia y monitoreo del gasto deben llegar a los gobiernos regionales y locales.

Para ello, se debe fortalecer al Estado (a todos sus niveles y en todos sus sectores) pero también de la sociedad civil. La experiencia muestra que los casos de corrupción y mal uso de los fondos públicos disminuye ahí donde se encuentra una sociedad civil más activa y eficaz, capaz de presionar a otras entidades del Estado a actuar.

La Región de Apurímac se puede convertir en una experiencia piloto de acción coordinada entre entidades del Estado, empresas y sociedad civil. El trabajo de la sociedad civil podría estar orientada hacia:

Primero, fortalecer los procesos de vigilancia ciudadana sobre los recursos (tanto públicos como privados) generados por el la actividad minera. Esta vigilancia se centraría tanto en la distribución de los recursos como en la calidad de su uso.

Segundo, promover que los recursos financieros obtenidos por la región y sus gobiernos locales efectivamente financien procesos que sean fruto de planes de desarrollo concertados. Ello significa empoderar a las organizaciones e instituciones locales en temas de desarrollo social y económico así como involucrar a las universidades e institutos tecnológicos de la región.

En breve, se debe hacer más efectiva y eficiente la intervención del Estado y también más efectiva y eficiente la intervención de la sociedad civil. Para ello, por ejemplo, se podrían pensar en alianzas entre instituciones como el Banco Mundial y ONGs de segundo y primer piso con experiencia de trabajo en el sector extractivo.

  • Inadecuado diseño de la descentralización actual del presupuesto público

Ante el pobre desempeño de muchos gobiernos regionales y locales en el gasto de calidad de los recursos provenientes de la minería, muchas voces reclaman una recentralización del gasto. Sin embargo, hay que tener en consideración que el desempeño de gasto del gobierno central –con el mayor aparato administrativo y humano que posee– no es mejor que el de los gobierno regionales y locales. Asimismo, la mayor parte de las rentas que genera el Estado se originan por actividades productivas localizadas fuera de Lima. Finalmente, el esquema de centralización extrema que presenta el país es en buena parte causa de las distorsiones sociales y económicas que padece.

Por ello, entre otras medidas, es necesario impulsar reformas legales para una mayor descentralización fiscal que no esté atada a las industrias extractivas y el sistema del canon. Estas reformas tributarias y distributivas deben ir acompañadas de un masivo fortalecimiento de capacidades institucionales.

  • Escasa articulación de la inversión en educación y mejora de la productividad local y regional

Una de las deficiencias más clamorosas en el sistema actual de gasto su escasa atención al aumento de la productividad, ya sea a través de mejoras en la calidad educativa o a través de la innovación tecnológica.

Por ello, de un lado, se debe colocar en primera línea el tema de la mejora educativa en los planes de desarrollo concertado de los gobierno regionales y locales (el plan de la Municipalidad de Querocoto en Cajamarca es buen ejemplo de ello). De otro lado, se debe promover alianzas estratégicas entre los proyectos mineros y las universidades públicas y los institutos tecnológicos (TECSUP, SENATI y Centros Técnico Productivos – CETPROs) para establecer una relación de mutuo beneficio que genere investigación aplicada y promueva capacitación profesional.

Societas se expande y celebra su cuarto aniversario

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El primero de abril del 2010 Societas inició sus actividades como empresa consultora con la misión de proporcionar conocimiento especializado para la mejor gestión social. Para ello, Societas contó desde el inicio con un equipo de consultores altamente calificados en diversas áreas como economía, antropología, gestión, sociología, ciencia política, planificación y urbanismo, derecho, pedagogía y relaciones de género. Este objetivo sigue siendo el norte de Societas.

Tras unos primeros años de fortalecimiento y consolidación, Societas ha iniciado un proceso de expansión. De esta manera, actualmente contamos con un amplio equipo de diecinueve profesionales y las intervenciones de Societas van más allá del país. Así, Societas ha realizado investigaciones comparativas en países de la región y ha organizado varios eventos internacionales con representantes de organismos financieros internacionales, el sector privado, la cooperación internacional, la sociedad civil y la academia de diferentes países de América Latina, EE.UU., Canadá y Australia.

Esta experiencia nos está permitiendo llevar el conocimiento y manejo de los procesos sociales en el Perú hacia otros países en la región y diseñar nuevos productos que promueven mejores formas de gestión y desarrollo social y económico.

Es por ello que queremos agradecer a todas las personas e instituciones que de diversas maneras vienen contribuyendo al crecimiento de Societas.

Societas facilita jornada de trabajo “Minería y desarrollo: hacia una narrativa común”

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No cabe duda que el desarrollo minero ha generado importantes recursos financieros para el país en las últimas dos décadas y constituye fuente primordial de financiamiento para muchos gobiernos regionales y locales. Ello se ha debido tanto a la renta minera y el sistema de distribución del mismo como a las inversiones ligadas a las operaciones mismas y los esquemas de responsabilidad social empresarial (RSE) del sector entre las poblaciones locales.

Entre otros resultados, este flujo continuo de inversiones ha permitido la significativa reducción de la pobreza monetaria en el agregado nacional y el financiamiento de obras de infraestructura.

Sin embargo, también se evidencian deficiencias y límites en la forma de inversión. De un lado, la distribución y el flujo de la inversión ha sido tal que ha generado fuertes distorsiones y desigualdades territoriales al interior del país (especialmente entre regiones y entre áreas rurales y urbanas) y fluctuaciones temporales poco adecuadas (al no existir sistemas de fondos de estabilización permitan regular los flujos y expandirlos en el tiempo). De otro lado, existe evidencia que sugiere una pobre calidad de la inversión, lo cual se ve reflejado en los escasos avances en la mejora de los indicadores de desarrollo humano de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros.

Esta situación torna urgente el análisis y el debate sobre la mejora sustantiva la inversión en regiones mineras con el objetivo de promover formas de desarrollo sostenibles. En este sentido, es prioritaria la reflexión sobre formas de complementariedad en la inversión público y privada; mecanismos institucionales de transparencia, control y monitoreo; alternativas de desarrollo rural y regional; canales de generación de empleo y mejora de ingresos; encadenamiento productivo; posibilidades y límites de programas de RSE en el sector minero; políticas públicas de reducción de brechas; programas intensivas de mejora de capital humano; entre otros puntos.

En este contexto, Oxfam y Avina, con la colaboración de la Fundación Ford, han organizado una jornada de trabajo en la que representantes de la industria, el Estado, instituciones financieras internacionales, la sociedad civil y la academia identificarán, debatirán y propondrán nuevas alternativas de inversión que conduzcan a mejoras sustantivas en la calidad de vida de las poblaciones en las regiones mineras en el país.

La jornada se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo del 2014 en Lima bajo la facilitación de Societas Consultora.