• Acerca de Societas

Societas Consultora de Análisis Social

Societas Consultora de Análisis Social

Tag Archives: gas

Avances y retos en el manejo de los recursos provenientes de las industrias extractivas

24 Wednesday Feb 2016

Posted by societasconsultora in Desarrollo rural, Gobernabilidad y política, Recursos naturales e industrias extractivas

≈ Leave a comment

Tags

EITI, gas, hidrocarburos, Minería, mining, oil, Perú, revenues, Societas, tax, transparencia

Gerardo Castillo Guzmán[1]

Transformar los recursos financieros provenientes de la explotación de minerales, gas y petróleo en desarrollo sostenible de los países que poseen los recursos naturales y mejora de la calidad de vida de las poblaciones adyacentes a los proyectos extractivos es una meta compartida por diversos actores y constituye el mayor reto para las industrias extractivas (IIEE). Una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, para este logro es el contar con procesos transparentes sobre la captación, la distribución, la gestión y el uso de dichos recursos financieros.

Desde este 24 de febrero, y por dos días, el Perú es sede de la séptima conferencia global de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés). Como parte de los esfuerzos mundiales por evitar varios de los problemas asociados con la gestión de los recursos naturales y promover una mejor gobernanza de los mismos, en el año 2003 se lanzó en Londres la declaración de principios de esta iniciativa. La EITI es un conjunto de principios y estándares globales para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos provenientes de los sectores de minería, petróleo y gas.

En el año 2005, el gobierno peruano indicó su compromiso de adherirse a los principios de la iniciativa y, junto con las compañías extractivas que operan en el país y las organizaciones de la sociedad civil, se ha venido avanzando en dicha implementación. De esta manera, en el 2008 el Perú se convirtió en país candidato y el 2012 se le certificó como país cumplidor pleno de los principios EITI.

A lo largo de este proceso continuado de más de 10 años, los avances alcanzados son notables. El Perú es parte de una iniciativa global que se inició con 22 países y ahora congrega a 49 países implementadores. Asimismo, la participación voluntaria de las empresas extractivas ha ido en aumento, lo cual muestra la importancia que para ellas adquiere el operar de manera transparente en los países receptores. Así, en el 2008, cuando se realizó el primer estudio de conciliación nacional, participaron 33 empresas, tanto del sector minero como del de hidrocarburos. El 2014, con el cuarto estudio de conciliación, se alcanzó el pico de participación empresarial con 63 empresas. Este año, el número de empresas participantes en el quinto estudio ha caído ligeramente.

De otro lado, la experiencia del EITI ha permitido construir y difundir información entre diversos grupos de actores. Para ello, la labor de sectores de la sociedad civil como el Grupo Propuesta Ciudadana y el apoyo de la cooperación internacional han sido de enorme valía. En este proceso, asimismo, la sociedad civil ha fortalecido sus capacidades técnicas para entablar un diálogo franco con los representantes del estado y las empresas.

Precisamente, tal vez la lección más rica de la EITI en el Perú es la formación y el mantenimiento de un espacio multi-actor que a pesar de las diferencias ha sabido encontrar soluciones y compromisos de consenso y crear confianza. Sin el decidido liderazgo del estado, muy especialmente del Ministerio de Energía y Minas, ello habría sido una tarea más difícil.

En un país en el que existen enormes déficits de confianza en nuestras instituciones, los logros alcanzados son invalorables y requieren que se difundan y tomen con ejemplo para otros sectores.

Ciertamente, los retos actuales y futuros de la iniciativa de transparencia son grandes. Uno de ellos es el asegurar la continuidad y el fortalecimiento institucional de la EITI Perú. El tema del financiamiento y la sostenibilidad es importante pero también lo es el compromiso de las empresas por continuar en el proceso y proveer de información oportuna. El que Chinalco, una empresa que produce más del 2% del valor minero nacional, se haya retirado del quinto estudio pone en peligro los compromisos que hemos adquirido como país cumplidor. Junto a este reto, se encuentra la necesidad de avanzar en la automatización de la información, para así lograr resultados más a tiempo y más exactos.

De otro lado, la plataforma de la EITI en el país ha madurado y transformado. La necesidad de examinar la transparencia de los pagos de las empresas al gobierno central, que sigue siendo importante, da lugar a nuevas necesidades: la de examinar la transparencia en la asignación y la distribución de los recursos provenientes de las IIEE (el sistema de canon), la dirección del gasto, la calidad del mismo y los resultados alcanzados para incrementar de manera sostenible la calidad de vida de las poblaciones. Calidad de vida que es el fin para el cual la transparencia es uno de los varios medios. El avanzar en el proceso de impulsar la EITI en los gobiernos regionales y locales e incluir nuevos indicadores que midan mejoras en la calidad de vida van en ese camino. En esta línea, es sumamente positivo el anuncio de a las regiones de Piura y Moquegua ya existentes, se incorporan Arequipa y Loreto en los estudios subnacionales.

Finalmente, desde la sociedad civil se viene propugnando incluir en los estudios de transparencia, información social y ambiental de las compañías y sus proyectos. Se podrá discutir sobre la conveniencia de los mecanismos de la EITI para ello; pero justamente la institucionalización de la iniciativa proporciona un magnífico espacio para la discusión y la maduración de ideas para avanzar en los retos de construir una industria extractiva de mano con la sostenibilidad económica, social y ambiental del país.

[1] Director de Societas Consultora de Análisis Social. Correo electrónico: gerardocastillo@societas.com.pe

Ordenamiento territorial e industrias extractivas: notas para el debate

26 Tuesday Apr 2011

Posted by societasconsultora in Recursos naturales e industrias extractivas

≈ Leave a comment

Tags

gas, industrias extractivas, Minería, ordenamiento territorial, Perú, petróleo

La demanda creciente por petróleo, gas y minerales ha significado para América Latina un igualmente explosivo incremento en la exploración, la extracción y la exportación de estas mercancías. Para la mayoría de gobiernos de la región, ello ha significado un crecimiento económico sostenido y la abundancia de recursos fiscales. Sin embargo, ello también ha significado un incremento de conflictos sociales, especialmente en la región andina.

Ciertamente, las poblaciones locales tienden a oponerse a inversiones extractivas de gran escala debido a que las perciben como amenazas a sus tierras, aguas y formas de vida. Las autoridades sub-nacionales sienten que son dejadas de lado de las decisiones correspondientes a estos proyectos realizadas por el gobierno central y porque estas inversiones pueden poner en riesgo sus propias visiones de desarrollo. Asimismo, los activistas ambientales temen que estos proyectos vayan a afectar negativamente la biodiversidad, especialmente cerca o dentro de áreas naturales protegidas.

Además, la geografía de estas actividades extractivas se sobrepone en muchos casos con comunidades campesinas y tierras indígenas, tanto en las zonas altas como en las llanuras tropicales. Por tanto, esta expansión de proyectos extractivos amenaza los lazos sociales y culturales de poblaciones campesinas e indígenas así como su autonomía política y territorial. Así, vale la pena notar que los reclamos actuales de grupos indígenas no se restringen a derechos sobre la tierra sino que incorporan el territorio. Este concepto, que cubre tanto recursos materiales como simbólicos, es así el locus central de las identidades y las luchas indígenas.

Por ello, no es casual que los proyectos extractivos estén encontrando enorme resistencia entre grupos indígenas y campesinos en la región. En el Perú, por ejemplo la Defensoría del Pueblo reportó que en diciembre de 2010 había 164 conflictos activos en el país; de los cuales 86 estaban relacionados a temas socio-ambientales[1]. En Ecuador, la lucha entablada por los sarayacu contra los daños ambientales producidos por la compañía estadounidense Chevron – Texaco es emblemática pero no la única[2]. En Colombia, además de la explotación petrolera, la minería gana creciente importancia, especialmente la de carbón. Así, por ejemplo, el proyecto Cerrejón –localizado en el noreste del país— es la mina a tajo abierta más grande del mundo y el 95% de su producción se dirige a satisfacer la demanda europea. Desde su inicio en 1983, el proyecto ha producido enorme conflicto social con las comunidades locales y ha causado el reasentamiento de poblaciones indígenas wayúu y afro-colombianas[3]. En Bolivia, el arribo de Evo Morales –el primer líder indígena democráticamente elegido presidente de la nación en la historia del país— alivió las tensiones entre el gobierno central y las organizaciones campesinas e indígenas. Sin embargo, esta tregua social parece estar llegando a su fin dada la necesidad por ingresos frescos y los compromisos de exportación adquiridos que ha empujado al gobierno hacia una carrera por expandir la exploración de petróleo y gas. La marcha indígena realizada en julio del 2010 es una muestra de esta tensión no resuelta. De esta manera, los reclamos incluyeron el derecho a la consulta durante los proyectos extractivos en el contexto de la Convención 169 de la OIT, entre otros temas relacionados con el territorio y la autonomía indígena[4]. En esta línea, el caso Charagua Norte es ejemplar. Con más del 80% de su territorio otorgado en concesión a compañías petroleras, las poblaciones guaraníes luchan tanto en contra de la compañía Pluspetrol como de un Estado en cual ellas son consideradas como una minoría[5].

En este contexto, desde diversas organizaciones –especialmente aquellas ligadas a la sociedad civil—se viene promoviendo la idea del ordenamiento territorial u otros conceptos similares como una iniciativa institucional clave de carácter preventivo frente a esta situación conflictiva. Es decir, el decidir –antes del otorgamiento de concesiones para explorar o extraer gas, petróleo o minerales— dónde podrían ser desarrolladas determinadas actividades. En otras palabras, determinar qué áreas son adecuadas para los proyectos extractivos y cuáles no.

En muchos casos, estos instrumentos están siendo utilizados por autoridades de los gobiernos sub-nacionales en los ámbitos regionales y locales con la asistencia técnica de ONGs. Estas experiencias tendrían como objetivo procurar encontrar una alternativa al permanente ciclo de violencia social generado alrededor de los proyectos de inversión extractiva.

Si bien la historia reciente del ordenamiento territorial proviene del “land-use planning” en los Estados Unidos de la post-guerra –en el que se requería ordenar, especialmente en el pujante oeste, crecimiento urbano, sistemas de transporte y desarrollo frutícola y vitivinícola—; el ideal de ordenamiento y control del territorio y de sus poblaciones es una vieja quimera en América Latina.

Efectivamente, si entendemos el ordenamiento del territorio como el propósito de controlar las actividades de la población sobre el espacio y dirigir la producción de determinados bienes con fines políticos (ya sean este propósito el logro de un equilibrio cosmológico, la retribución a la Corona por el proceso civilizador o la ideología liberal del bienestar de todos los ciudadanos), el concepto se remonta a las políticas inca de incentivar y centralizar la producción de determinados bienes agrícolas a través de movilizar coactivamente y dominar poblaciones en diferentes nichos ecológicos, tal como lo muestran los clásicos trabajos de John Murra[6]. La separación ideal entre República de Indios y República de Españoles y la creación de comunidades campesinas autosuficientes con un territorio adscrito es producto directo de un sistema colonial que extraía mano de obra y recursos agropecuarios de la población indígena[7].

Es posible sostener que en la sociedad peruana actual –tras la quiebra de un orden de poderes regionales gamonales luego de la reforma agraria y la violencia senderista—, no existe capacidad de imponer un ordenamiento del territorio, la población y la producción sin encontrar enorme y abierta resistencia. En otras palabras, en ausencia de un sistema de control único que monopolice la violencia, diversos poderes fragmentados luchan por el control de los beneficios de diversas actividades productivas, incluyendo las extractivas[8].

De esta manera, en mi opinión, no es tanto la existencia o no de un esquema ordenador del territorio sino la existencia de mecanismos que gocen de legitimidad de distribución de los beneficios el punto central en discusión.

Por ello, de manera provocadora, sostengo que la forma en que está siendo desarrollado el tema del ordenamiento territorial por la literatura reciente, ya sea de manera intencional o por una mirada ingenua, en buena parte depolitiza los complejos procesos de formulación de planes de ordenamiento territorial. De esta manera, en muchos casos, esta literatura considera que el ordenamiento territorial –o sus diversos equivalentes—es una herramienta estrictamente técnica que resolvería de manera definitiva el uso del territorio –y los recursos naturales que en él se encuentran—por parte de diversos actores con intereses contrapuestos. Por tanto, en específico, zanjaría los conflictos existentes entre proyectos de desarrollo extractivo y formas de vida agrarias.

No obstante, tal pretensión de clasificación de los suelos –o ecosistemas—para una posterior adecuación a determinadas actividades económicas –que en muchas ocasiones se procura a través del término “vocación”—obedece más a una ilusión voluntarista que a una visión científica inequívoca. Esto se produciría por, al menos, dos procesos convergentes.

Primero, las “vocaciones” de los suelos no son estáticas sino que están en relación con niveles tecnológicos cambiantes. Así, determinados suelos que con determinadas tecnologías pueden ser poco aptas para la agricultura bajo otras tecnologías –con otros costos y prioridades—pueden ser perfectamente viables.

Segundo, tal vez más importante aún, porque los territorios generalmente nunca presentan opciones exclusivas para el desarrollo de actividades productivas. De esta manera, el determinar que un territorio debería de dedicarse a algún tipo de agricultura[9], a ser conservado sin uso[10], a transformarse en predios urbanos o suburbanos de uso recreacional, o a ser explotados sus recursos minerales depende menos de especificaciones técnicas  que de decisiones políticas que diversos grupos activan.

Por tanto, las formas de ordenamiento del territorio están en sus bases mismas cruzadas por decisiones de diversos grupos con diferentes intereses y visiones de desarrollo. Por ello, es imperioso comprender estos diferentes intereses y visiones de desarrollo si es que se procura diseñar e implementar mejores políticas de ordenamiento territorial en el contexto del desarrollo de proyectos extractivos.  Así, interesa indagar no sólo que se produce en el territorio, sino también para qué se produce y a quién beneficia esa producción, con lo cual se introduce el tema de la distribución de los beneficios y los impactos.

Gerardo Castillo Guzmán


[1] Defensoría del Pueblo (2010) Reporte de conflictos sociales n° 82, http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/objetos/paginas/6/44reporte_82.pdf, accessed February 2nd 2011.

[2] Para un análisis de los conflictos socio-ambientales de la región amazónica de Colmbia y Ecuador véase Guillaume Fontaine (2007) El precio del petróleo: conflictos socio-ambientales y gobernabilidad en la región amazónica. Quito: FLACSO, IFEA, Abya Yala.

[3] Idárraga, Andrés; Muñoz, Diego e Hildebrando Vélez (2010) Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica. Cali: CENSAT, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.

[4] Solís, Lorenzo and Claudia Vedia (2010) “Bolivia: nueva marcha indígena”. La Paz: CIDOB, http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446%3Abolivia-nueva-marcha-indigena&catid=82%3Anoticias&Itemid=2&showall=1, accedido el 2 de febrero de 2011.

[5] Societas Consultora de Análisis Social (2011) Diagnóstico de justicia de género en los procesos de consulta de proyectos extractivos en Bolivia, Ecuador y el Perú. Reporte final. Lima: Oxfam America. En revisión.

[6] Murra, John (1975) Formaciones económicas y políticas del mundo andino. Lima: IEP.

[7] Fuenzalida, Fernando (1970) “La matriz colonial de la comunidad de indígenas peruana: una hipótesis de trabajo”. En: Revista del Museo Nacional, XXXV: pp. 92-123.

[8] Castillo, Gerardo (2011) “Minería y sociedad en el Perú: un panorama tras dos décadas de iniciado el boom”. En: Gestión Pública y Desarrollo, año 4, n° 42, pp.: A9-A13.

[9] Incluyendo cultivos para biocombustibles o el uso de transgénicos, además del “land-grabbing” o incremento global en la compra o alquiler de tierras en el exterior con el objetivo de asegurar abastecimiento de productos básicos o por simple especulación.

[10] O con usos limitados al paisajístico, conservacionista o con fines de investigación.

Subscribe

  • Entries (RSS)
  • Comments (RSS)

Archives

  • May 2018
  • September 2017
  • March 2016
  • February 2016
  • January 2016
  • October 2015
  • September 2015
  • June 2015
  • July 2014
  • May 2014
  • February 2014
  • September 2013
  • July 2013
  • June 2013
  • May 2013
  • March 2013
  • February 2013
  • January 2013
  • November 2012
  • October 2012
  • August 2012
  • July 2012
  • June 2012
  • May 2012
  • April 2012
  • March 2012
  • February 2012
  • January 2012
  • December 2011
  • November 2011
  • October 2011
  • August 2011
  • June 2011
  • April 2011
  • February 2011
  • January 2011

Categories

  • Artes y cultura
  • Desarrollo rural
  • Desarrollo urbano y urbanismo
  • Educación
  • Género y sexualidad
  • Gobernabilidad y política
  • Institucional
  • Otros temas
  • Recursos naturales e industrias extractivas

Meta

  • Register
  • Log in

Create a free website or blog at WordPress.com.

Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy