Societas facilita jornada de trabajo “Minería y desarrollo: hacia una narrativa común”

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No cabe duda que el desarrollo minero ha generado importantes recursos financieros para el país en las últimas dos décadas y constituye fuente primordial de financiamiento para muchos gobiernos regionales y locales. Ello se ha debido tanto a la renta minera y el sistema de distribución del mismo como a las inversiones ligadas a las operaciones mismas y los esquemas de responsabilidad social empresarial (RSE) del sector entre las poblaciones locales.

Entre otros resultados, este flujo continuo de inversiones ha permitido la significativa reducción de la pobreza monetaria en el agregado nacional y el financiamiento de obras de infraestructura.

Sin embargo, también se evidencian deficiencias y límites en la forma de inversión. De un lado, la distribución y el flujo de la inversión ha sido tal que ha generado fuertes distorsiones y desigualdades territoriales al interior del país (especialmente entre regiones y entre áreas rurales y urbanas) y fluctuaciones temporales poco adecuadas (al no existir sistemas de fondos de estabilización permitan regular los flujos y expandirlos en el tiempo). De otro lado, existe evidencia que sugiere una pobre calidad de la inversión, lo cual se ve reflejado en los escasos avances en la mejora de los indicadores de desarrollo humano de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros.

Esta situación torna urgente el análisis y el debate sobre la mejora sustantiva la inversión en regiones mineras con el objetivo de promover formas de desarrollo sostenibles. En este sentido, es prioritaria la reflexión sobre formas de complementariedad en la inversión público y privada; mecanismos institucionales de transparencia, control y monitoreo; alternativas de desarrollo rural y regional; canales de generación de empleo y mejora de ingresos; encadenamiento productivo; posibilidades y límites de programas de RSE en el sector minero; políticas públicas de reducción de brechas; programas intensivas de mejora de capital humano; entre otros puntos.

En este contexto, Oxfam y Avina, con la colaboración de la Fundación Ford, han organizado una jornada de trabajo en la que representantes de la industria, el Estado, instituciones financieras internacionales, la sociedad civil y la academia identificarán, debatirán y propondrán nuevas alternativas de inversión que conduzcan a mejoras sustantivas en la calidad de vida de las poblaciones en las regiones mineras en el país.

La jornada se realizará los días 6, 7 y 8 de mayo del 2014 en Lima bajo la facilitación de Societas Consultora.

Síntesis de los estudios sobre minería y desarrollo en la provincia de Espinar – Cusco

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En un sentido, la historia de la explotación minera en la provincia de Espinar es particular, supone décadas de desarrollo a través de varias compañías con diferentes marcos legales, regímenes de propiedad y estándares ambientales y de responsabilidad social. Es la primera experiencia exitosa en el Perú de construcción de un espacio de diálogo y negoción directa entre las comunidades del área de influencia y la empresa minera, con participación de ONGs nacionales e internacionales como garantes del proceso, y es el primer caso de un modelo de contribución de la empresa a las poblaciones locales, de un porcentaje de sus utilidades más allá de sus compromisos tributarios con el Estado. En otro sentido, los procesos experimentados por la sociedad de Espinar ejemplifican buena parte de las promesas y las contradicciones que diversas poblaciones y territorios del país viven en relación al desarrollo de la actividad minera.

Oxfam viene desarrollando a lo largo de estos últimos quince años, una activa línea de trabajo para asegurar una mejor gobernanza de las industrias extractivas y el respeto de los derechos de las poblaciones indígenas. Espinar ha sido el caso que por muchos años Oxfam ha venido apoyando, estudiando y aprendiendo de sus diferentes dinámicas, y ahora nos permitimos compartir los principales retos y cuellos de botella que implica pasar de procesos de diálogo a procesos institucionales de desarrollo con la participación de los actores como son estado, empresa y comunidades.

El presente documento es una síntesis en inglés de dos estudios en castellano, sobre la minería y el desarrollo en Espinar, Cusco – Perú, en el cual se da cuenta de los principales cuellos de botella que están limitando el transformar inversiones significativas en modos de desarrollo social y económico sostenibles en territorios donde las comunidades viven con la minería, y se plantean rutas para soluciones concertadas entre los actores económicos, sociales y políticos.[1]

Ambos estudios han sido hechos en el marco de colaboración que tenemos actualmente con la Fundación Ford, en el cual participamos con dos socios como son Ser y CooperAccion.

El primer estudio llamado “Minería, desarrollo y gestión municipal en Espinar” hecho por  Servicios Educativos Rurales (SER), tiene dos partes, la primera realizada por el consultor  Eduardo Cáceres sobre  De corredor minero a proyecto regional: Espinar y las provincias altas del Cusco y una segunda parte en manos de Jaime Rojas sobre La ejecución del Programa de Inversiones en la Municipalidad provincial de Espinar – Cusco: diagnóstico y

recomendaciones para mejorar su desempeño[2].

El segundo estudio hecho por Laura Soria miembro de Societas Consultora de Análisis Social (Societas), a pedido de Oxfam, llamado “Evaluación de la inversión pública y privada en Espinar desarrollada en el marco del proyecto minero Tintaya”.

A continuación la síntesis de dichos informes.

 

Conformación histórica de la región Espinar

El estudio de Eduardo Cáceres propone el concepto de “región” como un continuo geográfico, social y cultural basado en el manejo de determinados recursos naturales por determinados actores. En específico, elabora una mirada histórica de la región denominada “provincias altas del Cusco”, en la cual Espinar ha sido y sigue siendo el principal eje de articulación.

Así, señala que en épocas prehispánicas los señoríos de Canas y Canches de la región se articulaban con las poblaciones aymaras asentadas alrededor del Lago Titicaca y durante la colonia el área sirvió como un corredor que vinculaba las zonas ganaderas de altura con la región altiplánica al sur y los valles interandinos del Cusco al norte. Precisamente, la región se ha caracterizado por actividades ganaderas y comerciales que proporcionan a las familias campesinas de una economía diversificada y una experiencia migratoria significativa.

El desarrollo minero a gran escala a partir de 1960 acelera procesos y tensiones existentes. En particular, acelera procesos de migración y urbanización. Asimismo, la creación del Convenio Marco con la empresa BHP Billiton y mantenido por sus sucesoras Xstrata y Glencore ha implicado importantes cambios en la institucionalidad local. Ello por dos razones: la presencia de un nuevo espacio institucional con grandes recursos financieros que en cierta medida desplaza a los gobiernos municipales y por el surgimiento de visiones de desarrollo encontradas. De un lado, una apuesta por las actividades agropecuarias (que el autor considera más sostenible y diversificada) y de otro, una apuesta por el desarrollo minero o extractivismo. En este marco, los conflictos surgirían como resultado de estas visiones y acciones opuestas; lo cual genera la formación de nuevos actores (principalmente urbanos) pero también un fuerte desgaste político de los mismos.

En este contexto, Cáceres propone algunas recomendaciones:

* volver a articular a los principales actores sociales e instituciones de la provincia y la región Cusco en torno a una visión concreta y compartida de desarrollo a mediano plazo, tomando como modelo el plan maestro de desarrollo provincial elaborado por el Comité de Desarrollo de la Provincia de Espinar entre los años 1999 y 2000;

* promover la formación de nuevos liderazgos sociales que presenten propuestas regionales de mediano y largo plazo;

* fortalecer la formación de gestores públicos en los gobiernos municipales;

* disminuir la dependencia económica y política de la minería en la provincia, a través de una mayor intervención estatal;

*creación de mecanismos democráticos de vigilancia financiera además de la ambiental;

* impulsar iniciativas específicas orientadas hacia las mujeres en los espacios de liderazgo regional, gestión pública y proyectos productivos; y

* promover el estudio y la difusión de la identidad K´ana dada su centralidad en el devenir histórico de la provincia.

 

Diagnóstico del desempeño en la ejecución de inversiones de la Municipalidad Provincial de Espinar

El objetivo de este capítulo, realizado por Jaime Rojas es identificar las fallas que dificultan la eficiencia y la calidad del gasto en la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE). Ciertamente, tras introducir el tema de descentralización fiscal en el marco de ingresos mineros y hacer un recuento de la normativa relacionada con los sistemas de inversión pública en el país, el autor identifica y analiza dichas carencias.

Desde el año 2007 en que el estudio presenta datos, el porcentaje de ejecución del gasto de inversión de la MPE ha aumentado pero es aun sumamente bajo. Así, la gestión municipal del alcalde Lindley Salinas creció de alrededor del 15% en el año 2007 a 56% en el 2010. La gestión actual del alcalde Oscar Mollohuanca pasó de algo más del 30% en el 2011 a alrededor del 60% en el 2012.

A partir de entrevistas con dirigentes de la sociedad civil y funcionarios del gobierno municipal, Rojas señala dos grandes retos   que explicarían esta baja capacidad de ejecución: recursos humanos e instrumentos de gestión.

Con respecto a los recursos humanos, el estudio identifica una serie de potencialidades, especialmente en la nueva gestión municipal:

* existencia, aunque limitada, de equipos multidisciplinarios y con experiencia;

* creación de espacios de coordinación gerencial para la mejora de adquisiciones;

* mejora en la relación con los grupos beneficiarios;

* experiencia en la ejecución de proyectos rurales; y

* existencia de funcionarios con alto compromiso local.

Asimismo, existen serios problemas como:

* poca especialización y experiencia entre los funcionarios en la ejecución de proyectos de inversión;

* alta rotación del personal directivo y contratado, lo cual torna crónicos los periodos de aprendizaje;

* existencia de duplicidad de responsabilidades e iniciativas;

* poco conocimiento y experiencia en el manejo de proyectos innovadores;

* déficit de personal especializado en áreas estratégicas; y

* bajo conocimiento de los objetivos institucionales.

Con respecto a los instrumentos de gestión, Rojas señala los siguientes impases:

* los gobiernos locales cuentan con autonomía para la gestión del Sistema Nacional de Inversión Pública, sin embargo, los funcionarios tienen un bajo conocimiento del sistema y carecen de guías para consultar sobre la formulación de proyectos;

* la extendida percepción de corrupción en los procesos de contrataciones y licitaciones llevó a la actual administración municipal al privilegio exclusivo del sistema de administración directa. Ello ha conducido a serias limitaciones al diseñar, implementar y supervisar proyectos;

* escaso cumplimiento de los plazos establecidos en los expedientes técnicos;

* deficiente planificación de los programas de inversiones;

* poca regulación por parte de las directivas municipales de los procesos de formulación, seguimiento y ejecución de los proyectos; y

* ausencia de programas auxiliares en logística, tesorería y contabilidad.

Ante este panorama, el informe propone diversas recomendaciones para mejorar el desempeño de la inversión pública de los gobiernos locales, en general, y del de Espinar en específico:

* la administración municipal, incluyendo al alcalde, debe implementar una estrategia de comunicación para que la sociedad civil y las organizaciones de base puedan evaluar mejor las modalidades de ejecución de la inversión pública;

* implementación de otros mecanismos participativos para la ejecución de la inversión pública, como es el caso de los núcleos ejecutores regulados por PROCOMPITE;

* mejorar de manera significativa y sostenida las capacidades de gestión de los funcionarios públicos;

* distribución y uso más racional de los recursos humanos con que cuentan los municipios de acuerdo a sus especialidades y experiencia;

* promover los equipos multidisciplinarios y desalentar la excesiva rotación de personal;

* avanzar hacia una clara definición de objetivos y una reforma institucional;

* elaborar guías y manuales sobre los procedimientos de los diversos sistemas de gestión municipal;

* implementar programas auxiliares de logística, tesorería y contabilidad sobre la base de lo avanzado por el Sistema Integrado de Administración Financiera;

* crear canales institucionales de comunicación entre los entes rectores;

* flexibilizar las políticas remunerativas de los funcionarios siguiendo casos específicos;

* flexibilizar las exigencias de los sistemas administrativos y reconocer la enorme heterogeneidad de los gobiernos locales y sus poblaciones;

* promover una comunicación más fluida entre los diversos entes rectores con el propósito de mejorar los procesos de consulta y asistencia técnica;

* impulsar mecanismos meritocráticos al interior de la administración de los gobiernos locales;

* fomentar la creación de redes de funcionarios municipales en los ámbitos provinciales y regionales, de manera tal que se contribuya a la formación de una masa crítica de profesionales altamente capacitados y con experiencia en la administración pública; y

* avanzar en la descentralización del sistema de contrataciones, lo cual incluye mejoras en la conectividad rural y el sistema electrónico.

 

Complementariedades y desencuentros de la inversión pública y privada en Espinar

El estudio a cargo de Laura Soria, tiene como objetivo principal evaluar la inversión pública y privada realizada en el marco de la operación minera Tintaya. De manera específica, evalúa la orientación, la gestión, los montos y la distribución de recursos de la inversión pública y privada. En el caso público, dicha inversión tiene su fuente en el canon minero gestionado por la Municipalidad Provincial de Espinar (MPE) y las municipalidades distritales de la provincia. En el caso privado, es el aporte voluntario de la empresa minera entregado en cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Convenio Marco (CM) y gestionado por la Fundación Tintaya.

El estudio utilizó dos técnicas de recojo de información: i) revisión documental de información producida por instituciones públicas y privadas[3] con el fin de acopiar y sistematizar la información presupuestal de la provincia de Espinar; y ii) aplicación de entrevistas semi-estructuradas a funcionarios(as) de instituciones públicas y privadas que recogen sus percepciones sobre el desarrollo del ciclo del presupuesto y de los proyectos ejecutados tanto por las municipalidades provincial y distritales como la  Fundación Tintaya[4].

Para examinar la gestión de los recursos financieros se revisó la planificación, la implementación y la evaluación de: (i) el ciclo del presupuesto, lo que permitió identificar problemas en la planificación presupuestal y en su ejecución; y, (ii) el ciclo del proyecto, que permitió identificar las percepciones de los actores locales alrededor de la participación, o no, de las y los beneficiarios en el diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos.

El horizonte temporal de la evaluación fue del 2004 al 2012. Asimismo, para el caso del análisis de la información presupuestal municipal se realizó un análisis comparativo de la gestión de los recursos para los dos primeros años de los dos últimos gobiernos municipales (2007 – 2008 y 2011 – 2012) para así contar con periodos similares.

Antes de analizar los resultados de la evaluación, el estudio presenta el contexto socio-económico y el marco conceptual en el que se haya inmerso.

Utilizando información oficial de los censos desde el año 1981, el estudio indica tres hechos centrales:

* los indicadores de desarrollo humano (educación y salud) del 2007 no hacen sino recuperar los niveles del año 1981. Estos indicadores cayeron dramáticamente en el censo de 1993, muy posiblemente producto de la violencia política y la crisis económica, que azoló especialmente las zonas rurales del sur andino como es el caso de la provincia de Espinar. Esta recuperación, sin embargo, no ha venido acompañada de una equidad de género e incluso en algunos indicadores las brechas se han ampliado. Ello es especialmente notorio en los indicadores de educación;

* se comprueba un acelerado proceso de urbanización y concentración poblacional en algunos distritos (Espinar y Coporaque). Así, entre 1981 y el 2007, la población rural de la provincia de Espinar se redujo en 42%;

* de la mano con lo anterior, los indicadores de acceso a servicios básicos y vivienda saludable han mejorado. Por ejemplo, mientras en el año 1981 solo el 7% de los hogares de la provincia se abastecía de manera principal de agua proveniente de la red pública dentro de la vivienda, en el año 2007 el porcentaje llegó a 49. Sin embargo, si bien las viviendas de la provincia acceden a mejores servicios, ello no está aparejado con la inversión de las familias en la mejora de sus viviendas. Así, por ejemplo, en 1981 9 de cada 10 viviendas ubicadas en la provincia de Espinar contaban con pisos de tierra; 26 años después, 8 de cada 10 tenían pisos de tierra. Esta situación puede deberse tanto a los complejos procesos de emigración e inmigración reciente como a la existencia de patrones de doble residencia por los cuales muchas familias optan por invertir en otras localidades (por ejemplo, Arequipa) antes que en la zona.

Asimismo, estos procesos de inversión se dan en el marco de reformas de descentralización iniciados hace más de una década. Estas reformas han alcanzado logros notables y permitido un acercamiento del Estado con la ciudadanía por medio de diversos mecanismos de participación[5]. Sin embargo los retos son aun significativos:

ü  la calidad de la inversión regional y el encausamiento del presupuesto regional para proyectos estratégicos de desarrollo son aun limitados;

* la dependencia de los gobiernos sub-nacionales al sistema de transferencias del gobierno central es alta al no haberse avanzado en una descentralización tributaria;

* la excesiva cantidad de instancias de gobierno (provincial, distrital y centro poblado) con débiles canales de articulación entre sí[6];

* las aun débiles capacidades de gestión de funcionarios municipales, las dificultades presupuestarias para contratación de personal calificado con experiencia, los bajos límites remunerativos y la alta rotación del personal, en parte por criterios políticos; y

* un esquema de distribución del canon extractivo altamente concentrado en algunos territorios y que crea enormes desigualdades entre regiones y al interior de ellas.

De otro lado, la inversión privada canalizada a través de la Fundación Tintaya se inscribe en prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del sector. Así, la “licencia social para operar” (LSO) se refiere a la aceptación que las compañías mineras y sus proyectos alcanzan dentro de las poblaciones locales. El objetivo es establecer buenas relaciones con las partes interesadas con la finalidad de poner en marcha determinado proyecto. Esta licencia es un factor clave para reducir los riesgos de conflictos sociales y las posibilidades de que los costos se incrementen por los retrasos en las operaciones (riesgos de gestión) y por el inadecuado manejo de la reputación de la compañía (riesgos de reputación). Las partes involucradas otorgan esta licencia en base a la credibilidad de la compañía y al tipo de relación que ella crea con las localidades. Esta licencia es dinámica dado que las percepciones de los interesados cambian con el tiempo por diversas razones: grado de satisfacción con el cumplimiento de promesas y obligaciones, daños ambientales, imprevistos o divulgación de nueva información, entre otros. El hecho de proporcionar bienes materiales no garantiza la adquisición de la licencia social para operar, aunque puede ser un factor importante. Además, en la literatura especializada actual existe un debate según el cual el perseguir los objetivos de alcanzar la LSO no necesariamente conduce a un desarrollo local sostenible y hasta podría dificultarlo.

Además, con la finalidad de contar con un norte contra el cual comparar la orientación, la gestión y la distribución de las inversiones públicas y privadas, se utilizó el marco de visión integral de desarrollo elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto permite definir cuánto de esta inversión en la Provincia de Espinar está dirigida a lograr un desarrollo integral del territorio. Dicha visión integrada del desarrollo alude a la necesaria articulación de dimensiones económicas, sociales y ambientales e implica avanzar en tres direcciones: (i) el cambio estructural orientado hacia sectores más intensivos en conocimiento[7], (ii) la reducción de brechas internas y externas de ingresos y productividad[8], y, (iii) la igualdad de derechos[9]. En esta tarea, el papel del Estado es central para generar un cambio estructural para la igualdad a la par de garantizar una institucionalidad eficiente.

Sobre la base de estas consideraciones, la evaluación de la inversión pública y privada en la provincia de Espinar realizada por Soria presenta los siguientes hallazgos:

* Los montos de inversión pública superan largamente a los de inversión privada. Producto del desarrollo de la operación minera Tintaya, entre los años 2004 y 2010, la Provincia de Espinar contó con un presupuesto total de S/. 617, 969,496, que significa un promedio anual de S/. 9,087 por habitante[10]. Estos recursos provinieron de dos fuentes: (i) transferencias a las municipalidades provincial y distritales por concepto de canon; y (ii) aporte de la empresa minera contemplada en el Convenio Marco. En dicho período, los montos públicos fueron 2.6 veces mayores a los de la inversión privada con montos de S/. 448, 722,440 y S/. 169, 247,053 respectivamente.

Buena parte de los montos transferidos por el sistema de canon minero no fue ejecutada y presenta fuerte inequidad geográfica. Entre los años 2004 y 2012, la Provincia de Espinar recibió un total de 796.82 millones de soles por concepto de canon. El mayor volumen de estos recursos (93%) fue entregado en los últimos seis años (2007-2012). Estos recursos fueron transferidos a la municipalidad provincial y a las municipalidades distritales y se concentraron en la Municipalidad Provincial de Espinar (47%) y la Municipalidad Distrital de Coporaque (25%). Estos recursos tuvieron un porcentaje de avance de ejecución de gasto de 59%; es decir, de cada 10 soles que se programaron para ser gastados solo se ejecutaron 6.

* Alta dependencia de los fondos provenientes de la actividad minera. Los fondos provenientes por la distribución de canon y el CM constituyen el 86% del total de los recursos que recibió la provincia entre el 2004 y el 2012. Si se toma en cuenta que estos fondos son únicos y corresponden a períodos relativamente cortos, se aprecia la extrema dependencia y fragilidad de la economía de la provincia[11].

* Alta centralización por funciones del gasto de las transferencias por canon. De 17 partidas por funciones existentes, la MPE concentró su gasto en 4 de ellas: transporte, planeamiento, agropecuaria y saneamiento. Ambas gestiones (2007 – 2008 y 2011 – 2012) muestran debilidad para ejecutar proyectos de saneamiento. Los proyectos con mayor nivel de ejecución son los comprendidos en la función de planeamiento.

* El gasto del canon se dirige a mejorar condiciones inmediatas de vida pero no atiende cambios estructurales de productividad y competitividad. Al agrupar las partidas de gasto de las municipalidades de la provincia, se encuentra que de cada 10, 6 se destinaron a mejorar las condiciones de vida de las personas (igualdad de derechos), 3 soles fueron a la generación de un ambiente favorable a la inversión (ingreso y productividad) y menos de 1 sol se invirtió en el desarrollo de la productividad y la competitividad local (cambio estructural). Además, si bien se priorizaron los proyectos comprendidos en la dimensión de igualdad de derechos, éstos registran un menor nivel del porcentaje de avance de ejecución del gasto. Asimismo, la mayor debilidad en la ejecución de proyectos se presenta en el sector salud donde sólo 1 de cada 10 soles programados llegó a ejecutarse.

* Las nuevas gestiones municipales de la provincia mejoran capacidad de gasto. De cada 10 soles que las municipalidades de la provincia programaron utilizar entre el 2007 y el 2008, 5 fueron destinados a implementar proyectos ubicados en la dimensión de cambio estructural, 4 a igualdad de derechos y 1 a ingreso y productividad. En este período, los proyectos del sector salud y saneamiento presentaron las mayores dificultades de ejecución. Además, en este período se dejó de ejecutar 200 millones de nuevos soles.

Estas municipalidades, entre los años 2011 y 2012, registraron un gasto más equilibrado entre las dimensiones de desarrollo: cambio estructural, 41%; igualdad de derechos, 35%; e ingreso y productividad, 24%. Al igual que el anterior periodo, se mantiene un bajo nivel de ejecución de proyectos del sector salud, donde menos de 1 sol se ejecutó de acuerdo a lo programado[12]. En este período, más de 150 millones de soles no se ejecutaron.

* Escaso alineamiento entre los objetivos de desarrollo de la provincia y la inversión de la MPE. En ambos períodos, 2007-2008 y 2011-2012, se registran dificultades para enlazar la inversión municipal con instrumentos marco de planificación, específicamente los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia. Así, entre el 2007-2008, los proyectos contemplados dentro de la dimensión de igualdad de derechos que es la segunda prioridad en el presupuesto ocupa el último lugar de prioridad en los objetivos de desarrollo. Situación similar se presenta en el período, 2011-2012, los proyectos ubicados en la dimensión de cambio estructural que ocupan el primer lugar de prioridad en el presupuesto es la segunda prioridad entre los objetivos de desarrollo de la provincia.

* Débil capacidad de planificación de la MPE. Entre los períodos 2007-2008 y 2011-2012 se incrementó el número de proyectos formulados: se pasa de 164 proyectos formulados en el primer período a 228 en el segundo. Ello significó un incremento en el monto total formulado de 155 millones de soles a 214 respectivamente. Sin embargo, se presenta una seria debilidad en la capacidad de planificación del presupuesto. Así, entre los años 2007-2008 solo 1 de cada 4 proyectos registrados en el PIM estuvo formulado al momento de elaborarse el PIA. Y, entre el 2011-2012, solo 1 de cada 10 proyectos considerado en el PIM estuvo formulado y consignado en el PIA. Ello incide de manera directa en las capacidades de ejecución de los proyectos. Por ejemplo, en el año 2007 de los 10 principales proyectos registrados en el PIA ninguno de ellos alcanza un porcentaje de avance mayor al 10%. Es más, de estos 10 proyectos, 7 de ellos no llegaron a ejecutarse.

* Privilegio de inversión urbana antes que rural. Dentro de los 7 proyectos del PIA 2007 que no se ejecutaron se encuentran proyectos de mejoramiento de centros educativos y puestos de salud, infraestructura turística, vías y construcción de caminos, pequeñas irrigaciones y/o represas. Es decir, proyectos que muy probablemente se ubiquen en las zonas rurales de la Provincia de Espinar. Dentro de los 3 proyectos del PIA 2007 que tuvieron algún nivel de ejecución se encuentran: obras de saneamiento, pavimentación de calles y vías urbanas, ubicadas en la zona urbana de la provincia. En este grupo se ubica el Coliseo Municipal, dejado de lado en la ejecución del 2011 y retomado en el 2012 donde el costo del mismo se incrementó en 100%.

* Debilidad en la ejecución de proyectos ubicados en la dimensión de cambio estructural. En el 2011, de los 10 proyectos incluidos en el PIA, aquellos ligados a actividades agropecuarias (sistemas de riesgo) y transporte (construcción de vías y puente colgante) tuvieron mejor porcentaje de avance en la ejecución del gasto. En cambio, 2 proyectos con bajo nivel de ejecución fueron los de: mejoramiento de capacidades de los microempresarios y mejora de la ganadería lechera.

Inversión privada concentrada en el sector agropecuario. La primera prioridad de la inversión privada ha sido el sector agropecuario, el cual ha recibido 1 de 2 dos soles. La segunda prioridad de inversión ha sido el sector educación, que recibió 1 de cada 5 soles.

* Distribución de los recursos privados mantiene inequidad geográfica. El primer lugar de inversión es Espinar y en segundo el distrito de Coporaque. Mientras que en el caso de la inversión privada la concentración geográfica se entiende por una lógica de gestión de riesgos asociados a los impactos del proyecto, en la inversión pública esta desproporción genera mayores desigualdades y no promueve una visión integral del territorio.

* El gasto de los fondos privados se dirige principalmente a mejorar la competitividad local y el capital humano. La inversión privada se ha orientado a la mejora de la competitividad local, principalmente desarrollo agropecuario e infraestructura vial, y la calidad de vida de las personas (educación y salud). Esta situación es importante por dos razones. Primero, arroja evidencia que contradice la literatura que señala que la lógica de inversión de los proyectos extractivos es difícil de conciliar con visiones de desarrollo local. Segundo, evidencia los límites y las carencias de un Estado que transfiere al sector privado la responsabilidad de promover y gestionar modelos de desarrollo regional.

* Tendencia en la inversión privada a crear menos proyectos productivos pero de mayor envergadura y más proyectos sociales de montos menores. En los últimos años se registra aumento del valor unitario de los proyectos ubicados en la dimensión de cambio estructural y un incremento del número de proyectos con montos menores en el caso de los proyectos que se ubican en la dimensión de igualdad de derechos.

Soria señala que para proponer mejores diseños de políticas públicas, es necesario establecer algunas consideraciones sobre las características particulares sistema del canon minero: i) es parte del pago de impuestos de un sector que extrae recursos naturales finitos que le pertenecen a toda la nación; ii) esta extracción  genera importantes efectos positivos a nivel macro-económico pero también significativas externalidades adversas entre las poblaciones y los territorios locales; iii) estas características han promovido la idea que el canon es en gran medida un mecanismo compensatorio[13]; y iv) este sistema de distribución de recursos –el cual es componente importantísimo para el presupuesto de algunas regiones y municipios– se inscribe en un conflictivo proceso de descentralización administrativa y financiera en el país. De esta manera, el sistema de canon minero es un componente central de procesos económicos y políticos que experimenta el país y su gestión es parte de las tensiones sociales actualmente existentes.

De cara a estos hallazgos y consideraciones, las recomendaciones por actor alcanzadas por la investigación de Societas son:

  • Para el Estado

ü  Establecer con mayor claridad objetivos y mecanismos. El Estado debe definir mejor los objetivos que busca alcanzar y según ello establecer los mecanismos y los actores más apropiados. Si los objetivos son compensatorios (por razones ambientales o sociales), la distribución de parte del impuesto a la renta a los gobiernos regionales y locales donde se realizan actividades mineras no es la mejor vía. Para ello existen mecanismos como los fideicomisos o fondos sociales, los compromisos de los Planes de Relaciones Comunitarias, la negociación directa, los instrumentos de las autoridades ambientales y los enfoques de RSE de las empresas. Asimismo, el actor a quien le cabe proveer fondos compensatorios es aquel que realiza la actividad económica, es decir la empresa, bajo la regulación y la vigilancia del Estado. El objetivo de la distribución de impuestos debería de centrarse en la mejorar de manera sustantivas la calidad de vida de la población, de manera más equilibrada en todo el territorio nacional.

Establecer acuerdos entre los diferentes niveles del Estado. A través del diálogo, el Estado debe alcanzar acuerdos entre sus diferentes niveles de gobierno[14] con el fin de establecer objetivos del sistema de canon, así como mecanismos de distribución, gestión y control y monitoreo. La idea central no es eliminar la descentralización tributaria sino tornarla más equitativa y con objetivos de desarrollo más precisos.

* Dirigir los objetivos hacia mejoras de la calidad de vida y cambio estructural. Ello supone centrarse en mejorar las condiciones básicas de la población en términos de educación y salud y en disminuir de manera significativa las brechas de género, étnicas y rural-urbanas existentes[15]. Además, implica eliminar barreras para la inversión más allá de proyectos de infraestructura, enfocarse en elevar la calidad de los servicios que brinda el Estado, y promover la competitividad mediante la innovación tecnológica. Una distribución geográfica más plana del canon facilitaría este enfoque.

* Incorporar un enfoque de desarrollo regional (subnacional). Lo que implicaría ampliar las competencias de los gobiernos regionales (subnacionales) y locales para asegurar una inversión orientada hacia cambios estructurales económicos en los territorios.

* Fortalecer la labor de promoción del desarrollo local de las municipalidades provinciales y distritales. Principalmente de aquellas ubicas en zonas donde se desarrollan proyectos mineros, a fin de asegurar una inversión de calidad de los recursos públicos. Podría pensarse, por ejemplo, en asesoría altamente especializada que contribuya al mejor diseño de programas y proyectos de inversión.

* Reforzar el papel de regulador y garante independiente del Estado. Con respecto a los mecanismos compensatorios, el Estado (a través de sus diferencias instancias) debe asegurar una regulación efectiva, oportuna e independiente. Asimismo, debe proporcionar mecanismos de garantía en los procesos de negociación para aminorar la asimetría que pueda existir entre empresas y poblaciones locales.

Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos en la gestión municipal. Es necesario fortalecer las capacidades de los funcionarios(as) para la identificación, la formulación y la implementación de proyectos orientados hacia el desarrollo local.

  • Para las empresas del sector extractivo

Establecer con mayor claridad objetivos de gestión social y mecanismos a utilizar. Dar prioridad a mejoras productivas y sistemas compensatorios que mejoren las oportunidades futuras de las familias.

Establecer alianzas con las diferentes instancias del Estado y participar en los procesos de planificación concertado como un actor importante en el territorio pero reconocer que las tareas de provisión de servicios básicos de calidad a la población es deber del Estado.

Incorporar enfoques de reducción de brechas de género, etnicidad y rural-urbano en sus políticas y programas de RSE.

Realizar de manera continua e integrada monitoreos participativos sobre la calidad de vida de las poblaciones locales; diseñados para entender cambios en la calidad de vida, por tanto incluirían variables multidimensionales: ingresos familiares, soporte social, esperanza de vida sana, libertad percibida a la hora de tomar decisiones en la vida (p.e. migrar, comprar-vender propiedades, matrimonio, etc.), ambiente saludable, violencia de género, etc. Estos estudios deberían ser de dominio público e informar el diseño e implementación de políticas de RSE.

  •  Para las organizaciones de la sociedad civil

* Información y capacitación de las organizaciones de sociedad civil para que puedan orientar sus demandas sociales a procesos de mediano y largo plazo en el desarrollo local y participar en procesos de diseño, gestión del desarrollo local.

Vigilancia ciudadana del presupuesto público; principalmente del proveniente del canon minero. En el caso de Espinar no se han desarrollado aún procesos ciudadanos que contribuyan al involucramiento de las poblaciones locales en la inversión pública.

Fortalecimiento de las capacidades de las poblaciones organizadas para la incidencia en el gasto público. Mejorar la identificación y la selección de proyectos de inversión por parte de la ciudadanía organizada a fin de orientar la inversión hacia la reducción de brechas sociales y económicas en el territorio.

* Incidencia política para la mejora del gasto público proveniente del canon minero. Generar debate y plantear alternativas para mejorar la inversión pública en zonas de desarrollo minero. Una de las limitaciones para mejorar la inversión en los municipios  provincial y distrital está relacionada con las competencias que tienen estos municipios para impulsar cambios estructurales en sus territorios.

*Desarrollo de estudios orientados a evaluar la calidad del gasto público financiado con canon minero, que respondan a preguntas como ¿cuánto del gasto público ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales?, ¿ha profundizado las brechas entre las poblaciones urbanas y rurales o entre varones y mujeres?, ¿ha contribuido con la reducción de las desigualdades sociales, políticas y económicas en el territorio?

 


[1] La síntesis en español fue hecha por Gerardo Castillo Guzmán, Director General de Societas Consultora de Análisis Social e Investigador Asociado del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.

[2] Dichos estudios se encuentran reunidos en Cáceres, Eduardo y Jaime Rojas (2013) Minería, desarrollo y gestión municipal en Espinar. Lima: OXFAM, SER.

[3] Principalmente el Portal de transparencia de la información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la página web de la empresa minera Xstrata Copper.

[4] El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Espinar entre el 17 y 22 de junio del 2013. Además, se tuvo una entrevista grupal con funcionarios de Xstrata Copper en la ciudad de Lima.

[5] Por ejemplo: a) planes concertados de desarrollo, elaborados junto con la ciudadanía y orientan el presupuesto por resultados y la inversión; b) presupuestos participativos, destinados a distribuir el presupuesto de manera equitativa; c) Consejos de Coordinación Regional y Local, que son instancias de coordinación y concertación; y, d) cabildos abiertos, asambleas populares, referéndums y mecanismos de revocatoria.

[6] Así, el Perú cuenta con más de cuatro mil gobiernos municipales y menos del 5% de ellos son instancias de gobierno de mayor de agregación territorial.

[7] Incluye los temas de desarrollo de políticas sectoriales, diversificación de la producción, mejora en la capacidad productiva local, producción de bienes de capital y desarrollo de políticas de competitividad en mercados internacionales a través del desarrollo científico-tecnológico y la innovación.

[8] Referida a políticas macro-económicas de estabilización real y nominal de la economía, transformación de la estructura productiva y redistribución progresiva del ingreso para la igualdad.

[9] Relacionada con generación de empleo e ingresos, protección social y gasto social.

[10] A modo de comparación, la municipalidad de Villa El Salvador, Lima Metropolitana, tuvo S/. 84,944,008 como presupuesto total en el año 2012, lo que significa un presupuesto por habitante de S/. 193 soles anuales.

[11] El promedio nacional del presupuesto de los gobiernos locales depende en un 43% de los recursos transferidos por concepto de canon.

[12] Salud, saneamiento y transporte son las partidas que registran mayor cantidad de recursos sin ejecutarse.

[13] Compensatorio en dos sentidos. Primero, para compensar la pérdida de capital natural a través de capital financiero. Segundo, para compensar a las poblaciones y los territorios locales posiblemente afectados.

[14] El Gobierno Central, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (subnacionales), la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales.

[15] El estudio sugiere que si bien los recursos provenientes del canon minero son destinados preferentemente hacia mejoras en calidad de vida (mientras que los fondos privados se orientan hacia mejoras productivos); ambas fuentes han acentuado las desigualdades territoriales.

Gerardo Castillo invitado a taller de trabajo en Ghana

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Junto con un grupo de expertos internacionales, nuestro Director participó en el taller de trabajo “Reversing the Resource Course” que tuvo lugar en Accra, Ghana, del 26 al 30 de agosto de 2013. El taller de trabajo fue organizado por la Fundación Ford y el African Center for Economic Transformation (ACET) en el contexto del programa de promoción de una gobernanza transparente, efectiva y que rinda cuentas en el sector de las industrias extractivas. El taller estuvo dirigido a representantes de organizaciones de la sociedad civil laborando en el tema y contó con representantes de África Subsahariana, América Latina y el Sudeste Asiático.

La agenda de trabajo incluyó la discusión de los temas de: i) transparencia en la gobernanza de las industrias extractivas, ii) finanzas públicas y flujos financieros ilícitos, iii) recursos extractivos para la reducción de la pobreza, y iv) sostenibilidad ambiental y derechos ambientales a los recursos naturales.

La presentación de Gerardo –“Social management of mining development: Key issues from the Peruvian experience”– puede ser encontrada en la sección de Documentos y enlaces de la página institucional de Societas: http://www.societasconsultora.com/

Household and Network Analysis for Understanding Social Changes in Mining Development (1)

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Gerardo Castillo[2]

The aim of this paper is to discuss the limits of the conventional Social Impact Assessment (SIA) approach, and propose the use of a Household and Network Analysis (HNA) for a better comprehension of resource development transformations within local communities and mining regions. In order to address this objective, the critically discusses some of the major limitations of the conventional SIA approach and presents the main features of the HNA as a complementary way for dealing with these shortcomings. It argues that HNA is especially suited to grasp an emic or local population’s perspective in the context of cumulative impacts. The paper provides examples from experiences of current large-scale mining in Peruvian Andes.

There is no doubt that mining development leads to major social, economic, and cultural impacts in resource regions; especially among rural populations. These impacts could involve production and labor shifts, local inflation, changes in consumption patterns, migration, modification of residence styles, social mobility, or changes in power relations, including gender dimensions (Bainton 2010; Castillo & Soria; Damonte 2008; McMahon & Remy 2001; Ward & Strongman 2011;  World Bank 2001; Zegarra, Orihuela & Paredes 2007).

SIA is the standard tool adopted within the extractive industries to identify, measure and manage the effects of mining development on the social conditions of a population. SIA is intended to avoid or minimize negative impacts and to promote the positive ones (Becker & Vanclay 2006; Franks 2012; Vanclay 2003; Vanclay & Esteves 2011). Despite being a powerful methodology, SIA also presents significant limitations. In what follows, I briefly indicate some of these and discuss how a HNA could help to overcome these limitations.

  •  Territory-focused. SIA methodology has been developed following environmental models. Usually, these models contemplate an external action (i.e. the construction of an open pit) in an accurately identifiable time and place and then predict the impacts that this action will have on the surrounding environment (i.e. water flows) in a radial, continuous and decreasing way. However, the social effects of mining development do not necessarily match physical actions (for instance, pressure for prices of local properties could begin before any construction has started). Importantly, their effects on people are spatially multi-polar, discontinuous and not necessarily decreasing in intensity. In other words, mining development affects social networks and not geographical units. For instance, in many rural localities of the Peruvian Andes the land belongs to families or communities rather than individuals. As a result of complex land holding arrangements and low farming yields, younger family members have started to migrate to cities leaving some (generally adult couples) to continue cultivating the land. In this instance, migrant members generally maintain their status as land-owners, some also receive farming products and return to their localities to work seasonally during farming peak times. Thus, any impact on the land does not simply affect people near a mining site but also has significant and lasting impacts on people far away from the project. This situation blurs the distinction between direct and indirect areas of influence usually asserted in the environmental models.

 

  •  Cumulative impacts. The determination and assessment of cumulative impacts –on populations and over time– is one of the most complicated issues that confronts any SIA. Regional inflation is an example of the complexities of cumulative impacts. The rising of relative prices are usually due to increases in demand for goods and services as a result of new consumers and/or as a consequence of higher purchasing power of some buyers (this is especially notorious in the case of housing and services); combined with decreases in the supply (especially of farming products when local agricultural labor is displaced by mining-related jobs because of the differences in salaries). These effects escalate, sometimes in exponential ways, when other projects are executed in the same region but also when an attraction of multiple services and businesses in the area has occurred. A HNA could contribute to better identifying the families and individuals that are benefit from or become more vulnerable as a result of the processes of economic growth.

Taking another example, from a standard SIA perspective it would be difficult to understand the large social and political opposition that a project as Conga found (particularly given that construction is yet to be initiated). HNA would point to the cumulative processes of mistrust and disappointment that people have developed regarding Newmont´s presence in the region. Paying special attention to the actor’s perspectives provide an understanding of how impacts from different origins can accumulate and enhance the sense of social and political stress (expressed in collective memory).

 

  • Company-centered and top-down approach. As a result of institutional and regulatory frameworks, SIAs are typically defined and exercised by extractive companies and embedded in the company perspective. For instance, in Peru mining companies directly select and hire environmental consultant firms and instruct them on the identified population to be included in the assessment. On the one hand, this could lead to a limitation of the social scope as way of avoiding the inclusion of larger populations and generating increased expectation within populations. On the other, this focus tends to miss local actors’ agency and perspective. Contrarily, HNA starts with the priorities, experiences, and internal perspectives of the local actors in order to understand the social changes set into motion by mining developments and contrast those perspectives with the company actions and the broader regional social and economic context.

 

  • Use of binary attributes. Partly derived from the previous issue, SIA generally assigns positive or negative attributes to social and environmental impacts from an external and a priori perspective. However, changes are generally complex and ambivalent, depend on particular circumstances of the individuals and families affected, and could vary over time. Migration is a good example of the complexity of social outcomes and how they could be experienced differently when factors such as age, wealth, gender, kinship, ethnicity or class are taken into consideration. For instance, elderly Quechua-speaking poor women are in an extreme of low social and geographical mobility and, when they migrate (with different levels of willingness or compulsion), they could experience migration as a traumatic process and develop a sense of loss and uprooting.

 

  • Focus on individuals as units of analysis. Traditionally, standard SIAs collect and analyze data at the individual level; for instance, income. However, anthropological research in rural societies, including the Andes, has indicated that extended family networks significantly affect individual decision-making. For example, the production and circulation of goods and services within rural societies is suggested to occur largely within the space of the household, therefore, income is obtained collectively by different family members and pooled into a single basket. Another factor overlooked through an assessment of individuals is the significance of kinship relations in shaping individual behaviors and actions. Therefore, focusing only on single persons makes understanding the interrelation between individual and collective forces shaping social and economic decisions difficult.

 

  • Interaction with actors and organizations at different scales. SIAs are constrained in their capacity to capture linkages between organizations and stakeholders operating at different scales. For example, the political impacts of a mining project are rarely limited to the individuals living near the site. The political consequences of protest and resistance to mining development could involve international NGOs, international courts, members of the Catholic Church, international lending organizations, company hearth quarters, central government entities, regional leaders and movements, as well as a diverse conglomerate of groups of interest. A HNA is well equipped to untangle these complex relations, especially the local – regional binomial.

 

  • Difficulty for capturing social differentiation. The emphasis on individuals in SIAs makes it difficult to capture social differentiation, across gender, age or ethnic lines. A HNA could be more sensitive to the changes that mining developments prompt over age and gender relations at the family or community level. For instance, mining projects potentially bring opportunities of formal and paid employment for women in rural areas that could produce significant changes.[3] Some women might be able to directly capture part of the income and allocate it to nutrition, health and education issues, which differ from men’s priorities. This situation could alter the socio-economic position of women within their families and their localities and challenge established relations and expectations about women’s roles in domestic and public spheres. Gender studies emphasize the way in which changing relations between men and women, such as in cases whereby male domination is challenged, can lead to forms of gender violence. Another notable gender impact is where newly employed women continue being responsible for domestic duties in the home in addition to work life, effectively increasing work activities. In other cases, some women transfer domestic labor duties to their daughters, reproducing gender inequalities and jeopardizing the success of girls in the school system. In other occasions, families that benefit from mining-related employment opportunities could hire other women to carry out these domestic tasks. In the context of poorly developed labor markets, considerations of age, ethnicity and race intersect with these practices of contracting women for domestic tasks in rural localities.

 

  • Challenges of prediction. As Franks (2012, p. 6) points out, SIA is “most effective as an iterative process across the life cycle of developments, rather than a one-off activity at the outset of mining.” However, following the minimum requirements of State regulation, many SIAs implemented for Peruvian mining developments are a discrete activity generally performed at a project´s feasibility stage. Thereafter it becomes extremely difficult to predict impacts that will occur during the project´s construction and operation stages. A HNA usually requires more time to be developed and hence it is more prone to be designed and executed as a continuous process rather than as a discrete activity.

 

In conclusion, as a complementary approach, HNA manifold advantages that could help to surmount some of the major shortcomings that SIA faces. It emphasizes social networks instead of territories; begins from local perspectives for the understanding of social change; tends to avoid the classification of impacts in a binary and an a priori set of positive or negative effects; focuses on family networks rather than on individuals; is sensitive to social differentiation; considers the interaction with actors and organizations operating at different scales; facilitates a better comprehension of cumulative impacts; and, finally, requires a more attentive monitoring system for its appropriate functioning. A fail in the understanding of social complexities might lead to weak community relations planning. However, it also faces challenges; specifically, to be able to operationalize its method into clear and discrete indicators and proxies, to allow some degree of quantification for comparisons, the need of longer periods and trust, and to move from voluntary to compulsory practice/methodology.

 

References

Bainton, N 2010, The Lihir destiny: cultural responses to mining in Melanesia, ANU E Press, viewed 24 January 2013, <http://epress.anu.edu.au/lihir_destiny_citation.html&gt;.

Becker, H & Vanclay, F (eds.) 2006, The international handbook of social impact assessment: concept and methodological advances, Edward Algar, Cheltenham.

Castillo, G & Soria, L 2011, Report: gender justice in consultation processes for extractives industries in Bolivia, Ecuador and Peru, Oxfam, Lima.

Damonte, G 2008, ‘Industrias extractivas: el caso de la gran minería. Ponencia balance’, in Damonte, G, Gomez, R & Fulcram, B (eds.), SEPIA XII, SEPIA, Lima, pp. 19-77.

Franks, D 2012, Social impact assessment of resource projects, International Mining for Development Centre, viewed 12 March 12 2013, <http://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1698_Paper-02_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf&gt;.

McMahon, G & Remy, F (eds.) 2001, Large mines and the community: socioeconomical and environmental effects in Latin America, Canada, and Spain, The World Bank, Washington DC.

Vanclay, F 2003, ‘International principles for social impact assessment’, Impact Assessment and Project Appraisal, vol. 21, no 1, pp. 5-11.

Vanclay, F & Esteves AM (eds) 2011, New directions in social impact assessment: conceptual and methodological advances, Edward Elgar, Cheltenham.

Ward, B & Strongman, J 2011, Gender-sensitive approaches for the extractive industry in Peru: improving the impact on women in poverty and their families, The World Bank/ESMAP, Washington D.C., viewed 25 November 2012, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2516/578680PUB0Gend11public10BOX353782B0.pdf?sequence=1&gt;.

World Bank 2001, Engendering development: through gender equality in rights, resources, and voice, World Bank/Oxford University Press, New York, viewed 16 November 2012, <http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/03/01/000094946_01020805393496/Rendered/PDF/multi_page.pdf&gt;.

Zegarra, E, Orihuela, JC & Paredes, M 2007, Minería y economía de los hogares en la sierra peruana: Impactos y espacios de conflicto, working document n° 25, GRADE, Lima.


[1] Paper presented at the 33rd Conference of the International Association for Impact Assessment. Calgary, Canada, May 15th 2013. The author would like to acknowledge Diana Arbelaez-Ruiz and Rebekah Ramsay  for therr fruitful comments and review of this paper.

[2] Centre for Social Responsibility in Mining – The University of Queensland. g.castillo@uq.edu.edu

[3] It must be noted that this is not always the case. Women do not automatically gain formal employment as result of the presence of mining. This situation depends on different factors, for instance, an explicit gender-sensitive company policy of local employment or a relatively flexible local social structure that allows women to participate in employment opportunities and to retain generated income. In addition, in many occasions mining development promotes the creation of informal and/or illegal employment, like prostitution, where young women became particularly vulnerable.

Societas desarrolla línea de comunicación estratégica

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Para todo proyecto es crucial establecer una comunicación fluida, transparente y eficaz. Ello con la finalidad de promover un entorno social adecuado con sus grupos de interés, tanto al interior como al exterior. Como parte de su enfoque integral de gestión de proyectos sociales, Societas ha desarrollado una línea de comunicación estratégica.

Para establecer un adecuado proceso de comunicación es necesario identificar interlocutores relevantes, diseñar mensajes y estrategias diferenciadas, elaborar soportes de comunicación apropiados, fortalecer los equipos internos de comunicación y establecer un sistema de seguimiento de la calidad de la comunicación y la forma en cómo es recibida.

Esta línea de comunicación estratégica es liderada por Erik Struyf, comunicador con estudios de maestría en las universidades de Lovaina y Bruselas y con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación nacionales e internacionales y en diversas áreas de la comunicación; incluyendo las relaciones con los medios de comunicación, la comunicación corporativa, el uso de medios nuevos y tradicionales y la capacitación.

Esta línea transversal de comunicación contribuye de manera decisiva a la eficacia social de los proyectos de nuestros clientes.

Laura Soria de Societas participa como ponente en taller sobre pueblos indígenas y minería

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El pasado 13 de junio Laura Soria, gerente general de Societas Consultora, presentó la ponencia “Diagnóstico de Justicia de género en los procesos de consulta de proyectos extractivos en Bolivia, Ecuador y el Perú” en el “Taller de los pueblos indígenas y la minería – 2013”.

El taller ha sido organizado por el Centro Internacional para la Minería y el Desarrollo de Australia (IM4DC por sus siglas en inglés) y forma parte del Ciclo de estudios de Latinoamérica iniciado en septiembre del 2012.

Laura compartió experiencias de Bolivia, Ecuador y el Perú que ejemplifican la necesidad de incorporar una dimensión de género en la gestión de las industrias extractivas, tanto para comprender los impactos diferenciados que generan los proyectos mineros e hidrocarburíferos como para mejorar la gestión de los beneficios por ellos promovidos.

Societas develops new products to help mining companies identify social risks

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Societas Consultants have developed two new products: a Social Due Diligence and Social Risk Analysis. These tools help resource companies to understand the social setting of their projects, especially at early stages of exploration.

La Granja

Social Due Diligence provides a quick overview of the main social issues around a project, while Social Risk Analysis evaluates the social factors that could jeopardize the project development success. This evaluation is particularly important for junior companies not familiar with the social complexities of their future operations and are more vulnerable to risks of significant delays or increments in costs.

Gerardo Castillo presenta en el 1er Foro Minero de Haití

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Junto con un grupo de expertos mundiales, nuestro Director general participó como ponente en el 1er Foro Minero de Haití organizado por el Gobierno de la República del Haití y el Banco Mundial. El foro se realizó en Puerto Príncipe los días 3 y 4 de junio del 2013 y contó con presencia del Primer Ministro y altos funcionarios del gobierno, representantes de las principales misiones de ayuda económica y social en el país, de empresas mineras y de la sociedad civil.Gerardo Castillo_1er Foro Minero Haiti_4MAY13_1

Poseedor de un potencial minero importante aún no desarrollado, el país procura reformas legales importantes para impulsar el sector y, a la par, promover el desarrollo social y económico de la población haitiana. Como parte de los esfuerzos para alcanzar las reformas legales necesarias, el foro tuvo como objetivos del foro el mostrar buenas prácticas internacionales en los temas ambientales, sociales e impositivos y exponer los avances en la propuesta de reforma legal en el sector.

En este contexto, Gerardo presentó la experiencia de la gestión social de los impactos sociales de la minería peruana. Sobre la base de las lecciones aprendidas en dos décadas de desarrollo minero en el país, las recomendaciones alcanzadas fueron:

  • Diseñar e implementar un regulador ambiental minero capaz e independiente de la entidad promotora del sector.
  • No basta crear sistema de impuestos balanceado; también es necesario diseñar un marco institucional de distribución de los ingresos fiscales.
  • Definir estrategia país a corto, mediano y largo plazo para el uso de los recursos obtenidos.
  • Implementar mecanismos de transparencia a nivel nacional (ingresos e impuestos del sector) y regional/local (monitoreo de inversiones y compromisos legales entre empresas mineras y poblaciones).
  • Definir estándares y acciones complementarias de gestión social para el Estado, las empresas y la sociedad civil.
  • Mejorar sustancialmente la identificación y la gestión de los impactos sociales; incluyendo para ello un enfoque de género y grupos vulnerables.
  • Construir espacios institucionales para manejar y canalizar el conflicto.

De esta manera, el desarrollo de una minería sostenible puede convertirse en una oportunidad de introducir cambios positivos en el conjunto de la sociedad. Estamos seguros que con el diseño y la implementación de marcos institucionales y políticas públicas adecuadas, el desarrollo minero puede traducirse en una mejora sustancial de las condiciones de vida de los pobladores de Haití.

Consultores de Societas brindan taller de capacitación en el MINEM

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Laura Soria y Gerardo Castillo, consultores de Societas, participaron en una sesión de capacitación para funcionarios de la Dirección de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas como parte de una serie de talleres organizados en colaboración con Oxfam America.

Laura compartió experiencias de Mongolia, Bolivia, Ecuador y el Perú que ejemplifican la necesidad de incorporar una dimensión de género, tanto para comprender los impactos diferenciados que generan los proyectos extractivos como para gestionar los beneficios por ellos promovidos.

De otro lado, Gerardo discutió sobre las maneras diversas en que actores del Estado, las empresas, la sociedad civil y las organizaciones de base consideran lo que debe ser la participación en los procesos de desarrollo minero. Asimismo, explicó diferentes mecanismos para la mejorar de estos procesos de participación.

Celebrando los primeros tres años de Societas

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Este mes de abril Societas celebra su tercer aniversario como consultora que brinda asesoría especializada en gestión social.

A lo largo de este período, Societas se ha fortalecido y consolidado. Hoy contamos con un amplio equipo de más de dieciséis profesionales senior de diferentes áreas. Hemos colaborado con proyectos que vienen siendo desarrolladas por empresas del sector privado, por organizaciones para el desarrollo y por entidades del Estado. Asimismo, hemos iniciado un proceso de expansión fuera del país. Ello lo venimos logrando tanto por la participación de nuestros consultores en eventos internacionales como por  el establecimiento de vínculos con funcionarios y empresas en el exterior, especialmente en Australia.

Este conjunto de experiencias nos ha permitido afianzar nuestro conocimiento y manejo de los procesos sociales en el país, crear nuevos productos y servicios, y de esta manera, promover mejores formas de gestión y desarrollo social.

Por todo ello, queremos agradecer a todos aquellos que de diversas maneras han contribuido a esta consolidación y crecimiento de Societas.