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Gerardo Castillo Guzmán

No cabe duda que la industria extractiva, y la minería en especial, es uno de los temas de mayor importancia en la política peruana actual. No en vano muchos sostienen que el conflicto del proyecto Conga ha sido el responsable de tener tres cambios de gabinete ministerial en solo un año de gobierno. Por ello, se esperaba que el tema minero ocupase un lugar especial en el discurso de primer año del Presidente Humala. Sin embargo, a pesar de los numerosos apuntes realizados sobre el tema minero lo expresado es, en nuestra opinión, decepcionante.

Muy brevemente, mencionamos las carencias y los desatinos y las imprecisiones en el tema minero que sustentan nuestra opinión.

Omisiones

  • La primera gran omisión es el esperado paquete de reformas ambientales encargado al ministro Pulgar Vidal. A menos que el propio ministro haga un anuncio posterior, no hubo una sola mención a una necesaria reforma que actualice al marco ambiental minero.
  • La segunda ausencia, muy ligada a la anterior, es el silencio ante la interrogante de cuál será el organismo encargado de aprobar y supervisar los Estudios de Impacto Ambiental. A pesar que diversas voces señalan la conveniencia de terminar con el sistema actual controlado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual causa conflictos de intereses y desconfianza, para ser transferido al Ministerio del Ambiente, no se sabe si ello ocurrirá, si se mantendrá la situación actual o estas funciones serían asumidas por un organismo de la Presidencia del Consejo de Ministros, idea poco oportuna que se planteó con anterioridad.
  • Un tercer vacío es el tema de la reforma del sistema actual de distribución de los recursos provenientes del desarrollo minero, en especial el canon. El hablar de la necesidad de eliminar barreras colocadas por el Sistema Nacional de Inversión Pública es no entender el problema. El tema de fondo es mucho menos la velocidad de gasto –el cual, de por sí, ya está causando problemas de inflación y desplazamiento de mano de obra local[1]—como la distribución del mismo, su calidad y eficacia.
  • Una cuarta y curiosa ausencia es un balance y una hoja de ruta sobre el proyecto Conga. El Presidente se detuve en mencionar como modelos a seguir los proyectos Tintaya –en el cual se reaccionó tardíamente luego de varias muertes— y Quellaveco –en el cual, interesantemente, no intervino el Gobierno Central y desde ambas partes hay voluntad de diálogo. Una explicación sería, tal como lo ha señalado el Presidente Regional de Cajamarca, que el Gobierno Central procura desanclar el debate político del conflicto en torno a ese proyecto. Otra explicación es que el Gobierno Central no tiene un claro norte hacia el cual dirigirse y espera seguir presionando por la puesta en marcha del proyecto pero con un perfil más bajo.

Desatinos e imprecisiones

  • El mayor desatino, a nuestro parecer, es el proclamar el agua como derecho fundamental a ser incluido en la Constitución Política. Es un desatino no tanto por ser un buen deseo sino por ser precisamente eso, solo un buen deseo. Primero, porque pensar que elevando una ley a rango constitucional soluciona el problema. Nuestras constituciones proclaman desde hace muchas décadas el acceso a una educación de calidad como un derecho universal y no por ello dejamos de tener uno de los peores niveles en Sudamérica. Segundo, porque sin mayores detalles, ello encierra más problemas que soluciones. Por ejemplo, ¿se denunciará ante el Tribunal Constitucional que un proyecto minero atenta contra un derecho fundamental? Tercero, porque un cambio constitucional es complejo y la debilidad de las alianzas del gobierno en el Congreso tornan improbable alcanzar el consenso necesario.
  • Una segunda gran imprecisión es la referencia al tema del ordenamiento territorial (OT). Primero, cabe recordar que existe legislación sobre el tema aunque tiene serios problemas de competencias y una reglamentación deficiente. Segundo, porque más allá de lo atractiva que pueda parecer una imagen de planificación centralizada del territorio no existe ninguna experiencia exitosa de ordenamiento de grandes regiones con enormes desigualdades económicas y sociales que además prescriba el tipo de actividades productivas a desarrollarse. En verdad, al no tomar en consideración información geológica que solo es disponible luego de los trabajos de exploración, los ejercicios actuales de OT poco pueden sugerir sobre las mejores alternativas de desarrollo económico y ambiental. Si el propósito es limitar o colocar vallas más altas al desarrollo de las industrias extractivas en diferentes regiones, existen otros instrumentos más apropiados, como lo son la definición de áreas libres de minería e hidrocarburos, los estudios de impactos acumulativos o los estudios de valoración económica y social. Cargar a los gobiernos regionales y locales con un proceso largo, costoso, técnicamente complicado y sin fin práctico alguno, como el llevado a cabo en Cajamarca, carece de sentido.

De otro lado, se encuentra el ofrecimiento de la reorganización de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. Más allá del cambio de nombre, y otorgando el beneficio de la duda, consideramos que puede ser una gran oportunidad para pensar en una nueva estructura más articulada con los Gobiernos Regionales e instituciones estatales que gozan de alta legitimidad, como la Defensoría del Pueblo. El nombramiento de Vladimiro Huaroc, ex Presidente Regional de Junín y ex Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, es una buena señal.

Dado lo central para el desarrollo nacional, esperábamos mucho más sobre el tema minero en el discurso presidencial. Ojalá los cambios realizados permitan corregir las imprecisiones y afinar los mecanismos de desarrollo hasta ahora ausentes. El actual gobierno tiene cuatro años más por delante y esperamos que pueda mejorar significativamente el papel regulador y promotor del desarrollo del Estado. El nuevo premier ha resaltado la importancia de la minería para el desarrollo del país; entonces, más que nunca, es necesario diseñar e implementar políticas y mecanismos integrales y coordinados con diferentes actores y niveles de gobierno en todo el país.


[1] Véase, Viale, Claudia, and Carlos Monge. “La enfermedad chola.” Quehacer 185 (2012): 80-85.

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