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Gerardo Damonte y Gerardo Castillo

La antropología sobre las industrias extractivas comenzó con estudios que analizaban el impacto de procesos y proyectos de modernización sobre sociedades tradicionales. De hecho, los primeros trabajos fueron llevados a cabo por el Instituto Rhodes-Livingstone el cual, entre los años treinta y cincuenta, realizó el primer y uno de los más ambiciosos proyectos de investigación en antropología urbana.[1] Este conjunto de trabajos buscaron analizar y comprender los procesos de destribalización y urbanización que experimentaban las recientemente independizadas sociedades africanas, y para ello utilizaron como laboratorio social las ciudades mineras que constituyen la franja de cobre de Zambia. En el contexto del desarrollo minero, estos estudios establecieron herramientas teóricas y metodológicas para entender las relaciones entre trabajo asalariado, migración rural-urbana y cambio social.[2]

Posteriormente, se estableció una robusta y ahora clásica literatura desde la sociología y la antropología cuyo foco de interés fue el examen de las estructuras sociales y los rasgos culturales de comunidades mineras. En una exhaustiva revisión de la literatura antropológica realizada en el Annual Review of Anthropology, Ricardo Godoy (1985) encontró que el aislamiento físico y social de las comunidades mineras, junto con las duras condiciones de trabajo y requerimientos laborales, dieron origen a dinámicas sociales específicas. En tal sentido, estas investigaciones estaban interesadas en temas de ratios de fertilidad entre poblaciones mineras, organización política, impactos económicos y ambientales sobre áreas contiguas, rituales e ideología inmersos en las actividades mineras y, sobre todo, patrones de movilidad poblacional entre áreas rurales y centros mineros y de reclutamiento (Bridge 2004).

Sin embargo, el panorama y la amplitud de los estudios antropológicos se han expandido dramáticamente desde la revisión elaborada por Godoy (1985). El nuevo ciclo de expansión minera iniciado a finales de la década de 1980 supuso la ampliación de las actividades extractivas a nuevas geografías en las que en muchas ocasiones se han visto involucradas poblaciones indígenas. En estos nuevos contextos, nuevos actores han entrado en escena rompiendo la vieja dualidad sociedad-Estado; comunidades locales no homogéneas, instituciones financieras internacionales, organizaciones no gubernamentales y corporaciones globales, y nuevos movimientos sociales —incluyendo los indígenas, feministas, étnicos y medioambientales— son analizados en los nuevos recuentos antropológicos (Ballard y Banks 2003).

Asimismo, el énfasis en los estudios ha variado. Los trabajos posteriores a 1990 han dejado de considerar a las comunidades extractivas como mero escenario donde se juegan relaciones de género, conciencia política, identidades étnicas o reconfiguraciones urbanas. Influenciados en gran medida por la ecología política, los nuevos estudios sitúan en el centro de su análisis la relación entre sociedad, medio ambiente e industrias extractivas. Estos estudios, a través del análisis del discurso y con un explícito tratamiento de escalas, lidian con las maneras en que la sociedad y el medio ambiente son construidos —simbólica y materialmente— a través de luchas políticas sobre la apropiación de los ­recursos. Tal como Bridge (2004) lo ha señalado en una muy completa revisión de la literatura sobre minería y medio ambiente, mientras hasta la década de 1980 los científicos sociales estaban interesados en la minería como un medio para entender los procesos de modernización —tales como migración, urbanización, cambios en la economía asalariada, conciencia política o disolución de las identidades tribales—, desde la década de 1990 existe un creciente interés en comprender los límites y las contradicciones de esos proyectos modernizadores, en términos tanto de deterioro ambiental como de desarrollo económico y social.

En los Andes existe una larga y rica tradición sobre la minería desde una perspectiva histórica. De un lado, se han desarrollado estudios sobre la ­contribución de la producción minera, especialmente la de plata, en la configuración de economías y espacios regionales (Assadourian 1982; Contreras 1995 y 1999; Fisher 1982 y Manrique 1987). Entre estos análisis históricos de economías cabe destacar los realizados por los antropólogos Fernando Santos Granero (1995) sobre la selva central y Santos Granero y Barclay (2002) sobre el papel jugado por la explotación del caucho en la conformación de la región Loreto. De otro lado, se han explorado las características de comunidades mineras específicas, como es el estudio de Alberto Flores Galindo (1974) sobre la Cerro de Pasco Copper Corporation.

Desde la antropología, los estudios sobre las industrias extractivas datan del último cuarto del siglo XX. En este periodo, los trabajos antropológicos estuvieron enfocados en tres temas. En primer lugar, la transformación social de poblaciones de indígenas campesinas a proletarias mineras. Los estudios de Nash (1979) sobre la matriz campesina de la cultura chola de los mineros bolivianos o el de Taussig (1980) sobre la manera conflictiva en que las poblaciones indígenas procesan el ingreso a una economía capitalista extractiva, son algunos ejemplos. En segundo lugar, las características sociales y rituales de las comunidades mineras. Su vida cotidiana, rituales, organización e importante participación política en la esfera nacional se vieron reflejados en trabajos etnográficos (Harris y Albó 1984; Nash 1979; Rivera 1984; Finn 1998). En tercer lugar, la conflictiva y a veces complementaria relación entre la población campesina y la población minera en escenarios de desarrollo capitalista ha sido analizada. Tal es el caso de la caracterización que Norman Long y Bryan Roberts (1984) hacen del campesino-minero, cuando aluden a la complementariedad laboral y estacional entre ambas esferas laborales en la región.

Sin embargo, en las últimas décadas los procesos acelerados de cambio que en general identificamos como de globalización han creado nuevos escenarios sociales que nos obligan a revisitar y repensar la problemática del cambio social asociado a la extracción en la región andina. En primer lugar, las corporaciones extractivas multinacionales se han convertido en los principales actores económicos en procesos de globalización económica e institucional. La extracción a gran escala, especializada y tecnificada se ha impuesto como modo hegemónico de extracción y ha reducido de manera significativa la demanda de mano de obra local no-calificada. Estas formas de extracción demandan más recursos —como agua y tierra— que mano de obra local. Desplazan el foco de interacción social del trabajo al acceso de recursos, así como la política de los sindicatos a las comunidades que hacen uso de dichos recursos.

Por ello, las dinámicas de extracción se enmarcan en una creciente competencia —generalmente entre corporaciones y poblaciones campesinas e indígenas— por los recursos. Una particularidad del capitalismo extractivo es que su desarrollo depende del acceso a recursos geográficamente localizados. Los depósitos de gas, mineral o petróleo están fijos en un lugar determinado. En Latinoamérica y varias partes del mundo estos depósitos se encuentran bajo tierras y territorios campesinos e indígenas. Así, la posibilidad de acumulación de capital depende, en primer lugar, de llegar a acuerdos por el control de recursos superficiales como agua y tierra que posibiliten la primera etapa de la cadena extractiva: la extracción misma del recurso.

Así, la creciente bibliografía social sobre las nuevas dinámicas de extracción indica que los escenarios extractivos a gran escala redefinen las formas de interacción y transformación social a nivel local. Por ejemplo, la respuesta campesina e indígena ante el desarrollo extractivo impulsado no solo por las corporaciones sino también por los Estados andinos que dependen económicamente de la exportación de materias primas, ha coadyuvado a la redefinición y complejización de las formas locales de representación (Salas 2005; Damonte 2008a y Burneo y Chaparro en este volumen).

Los procesos de globalización han facilitado la interrelación de estos grupos de interés y actores sociales que desde distintos puntos del globo intervienen formando múltiples corrientes de opinión y debates alrededor de las cadenas productivas generadas por la minería. La extracción local es solo el comienzo de la cadena productiva de escala global. El recurso extraído «viajará» hacia centros de procesamiento y destinos de mercado donde otros intereses, agendas y actores sociales entrarán en juego. Así, aparecen sujetos políticos, alianzas y fricciones entre actores sociales localizados en distintos espacios y momentos de la cadena productiva (Peluso y Watts 2001).

Subyacente a los análisis de los múltiples procesos de transformación en los diversos escenarios de extracción de los siglos XX y XXI está la problemática del desarrollo. Los trabajos clásicos de antropología de la extracción se enmarcaban en una visión lineal del desarrollo que abría posibilidades y generaba múltiples tragedias, donde lo tradicional era avasallado por la modernidad (Berman 1988). Sin embargo, estudios más recientes muestran que este marco desarrollista debe ser relativizado y problematizado. Por un lado se encuentran los trabajos de la antropología posestructural que critican la linealidad del discurso desarrollista, como en el caso de la crisis pos boom minero en el copperbelt de Zambia (Ferguson 1999). Por otro lado, los estudios desde la ecología política, que problematizan la ­sostenibilidad de las formas hegemónicas de desarrollo, como el volumen de Bebbington (2007) que muestra la relación entre transformaciones territoriales y movimientos sociales en la región andina.

En el Perú, un nuevo ciclo de expansión en las industrias extractivas ha traído consigo nuevos estudios antropológicos sobre los fenómenos en curso. A las primeras investigaciones comparativas (Ossio 1998) se suman ensayos como el de Castillo (2006) que de-construye la manera en que el país y el territorio social es presentado por la propaganda de las corporaciones mineras y las agencias estatales de promoción de la inversión privada. De manera similar, los artículos de Salas (2005) y Damonte (2006) analizan cómo la cultura corporativa se desarrolla y penetra en la esfera pública peruana para poner en marcha megaproyectos en los Andes peruanos. Luego vendrían los estudios etnográficos sobre el desarrollo de proyectos mineros específicos (Salas 2009; Damonte 2008b; Gil 2009). De igual manera, se han escrito artículos interesantes sobre institucionalidad y conflictos en escenarios mineros (Revesz y Diez 2006; Burneo 2007). Estos aportes se han integrado a una creciente literatura social sobre industrias extractivas en el Perú, la cual ya ha merecido trabajos recopilatorios como la ponencia de balance de la investigación en el Seminario SEPIA XII (Damonte 2008b).

La antropología de las transformaciones sociales, en contexto del desarrollo de industrias extractivas, debe profundizar en las múltiples dimensiones de cambio social en poblaciones locales sin olvidar las dinámicas nacionales y globales que las enmarcan y de las que dichas poblaciones son actores, es decir debe brindar una mirada local de procesos globales. Para ello es necesario enriquecer el análisis antropológico con aportes multidisciplinarios que desde la geografía, el derecho o la historia nos ayuden a aprehender los fenómenos sociales en curso. Conceptos como desarrollo, territorio, identidad y representación deben revisitarse a la luz de los fenómenos sociales asociados al desarrollo extractivo. Asimismo, los métodos de investigación antropológica de la etnografía clásica deben revisarse para que nos permitan mirar lo global desde la descripción densa local. Aquí, las herramientas geográficas, las metodologías de investigación-acción o los métodos etnográficos multilocales pueden ayudar a aprehender los fenómenos sociales como un conjunto de procesos paralelos y a veces contradictorios alrededor de la cadena extractiva. El trabajo de Bebbington y Bury en este volumen presenta información geográfica y marca la importancia de las escalas para entender los movimientos sociales actuales.

La presente edición especial de la revista Anthropologica se divide en cuatro secciones. La primera agrupa investigaciones actuales en torno a las industrias extractivas en Ecuador, Bolivia y el Perú. La segunda recoge el análisis político y social de procesos actuales en la región amazónica. La sección tercera presenta el testimonio de uno de los pioneros en los estudios mineros desde la antropología en el Perú. Finalmente, la cuarta sección recopila una serie de reseñas de publicaciones antropológicas recientes. Así, los artículos compilados presentan avances en la investigación que nos sugieren revisitar temas fundamentales no solamente en el campo de la antropología de la extracción sino de las ciencias sociales en su conjunto. En los siguientes párrafos discutimos estos temas a la luz de los aportes de los autores que colaboran en esta edición.

Un primer tema analizado es el de los retos institucionales que surgen en escenarios extractivos donde la desigualdad social y diversidad cultural dificultan la posibilidad de encontrar formas participativas y sostenibles de desarrollo.

Bebbington y Bury, en su análisis de los retos institucionales para la gestión sostenible de recursos en el caso de Cajamarca, muestran cómo las actividades mineras han modificado la extensión espacial de la base de recursos naturales sobre los que las poblaciones constituyen sus medios de vida. Esto trae consigo una intensificación no sostenible, lo que incrementa la seguridad de los medios de vida locales y origina procesos de migración y conflicto. A partir de este hecho los autores se preguntan sobre la manera de convertir el capital extraído en nuevos activos y oportunidades para la vida de la población involucrada de tal forma de brindarle sostenibilidad social a la extracción. La respuesta estaría en el desarrollo de una institucionalidad que permita la participación local en el curso del desarrollo extractivo, construidas a partir del respeto y no la imposición cultural de arriba hacia abajo. Como concluyen los autores: «uno de los cambios más importantes que se requiere es la creación de condiciones a través de las cuales las partes interesadas puedan percibir los conocimientos de los otros como legítimos y dignos de credibilidad».

El artículo elaborado por María Burneo y Anahí Chaparro, por su parte, esclarece las transformaciones de las instancias de gobierno comunal de cara a un proceso de negociación con una gran empresa minera. Utilizando material etnográfico recogido en la comunidad campesina de Michiquillay, en los Andes del norte del Perú, las autoras sostienen que el arribo de la empresa Anglo American a la región ha desencadenado una serie de cambios. Los más notorios de ellos serían la forma de regular los recursos comunales, sus usos y su valoración, así como el peso de los actores económicos y políticos. Ello no solo ha complejizado las relaciones al interior de la comunidad —creando nuevos niveles de toma de decisión y espacios de disputa por el control de recursos— sino que ha promovido mayores conflictos intracomunales y mayor fragmentación territorial. De esta manera, en este contexto de negociación, el gobierno comunal adopta nuevas funciones, que van desde el regular el acceso a recursos productivos hasta la distribución del capital financiero.

Por su parte el artículo de Szablowski analiza la adopción en la industria minera del principio de Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI) en tres casos: el gobierno de Canadá, el Consejo Nacional de Minería y Metales y el Grupo del Banco Mundial. Siguiendo el concepto de «fricción creativa» propuesto por Tsing (2005), el autor sugiere que la constitución activista de una identidad indígena global fue un elemento clave para lograr la adopción del CPLI en organizaciones gubernamentales y multilaterales. Asimismo, el artículo nos muestra cómo este principio puede ser «empaquetado» de distintas maneras según los intereses de la organización que lo implementa. La creación de espacios de consulta realmente participativos estaría asociada al desarrollo de conexiones creativas efectivas que ayuden a que el espíritu del principio de consulta se mantenga en los paquetes burocráticos que se elaboran para su implementación.

Estos artículos plantean un tema fundamental: cómo se pueden establecer espacios y mecanismos institucionales que permitan un encuentro simétrico entre las diversas visiones culturales y normativas, involucradas en escenarios de desarrollo extractivo. Asimismo, proponen un espacio institucional mediador que ayudaría a superar asimetrías de poder por medio del reconocimiento efectivo del derecho de consulta e imposiciones, fruto de la falta de respeto a la representación y cultura local, en la búsqueda de un desarrollo sostenible consensuado. Este análisis nos remite en su dimensión cultural a los espacios de encuentro en los múltiples «otros» representados en escenarios extractivos por empresas multinacionales, agentes estatales, poblaciones campesina e indígena y un conjunto de organizaciones de distinto origen. Cada una con visiones, discursos y agendas propias alrededor de la producción extractiva.

La concepción de la existencia de un «otro» cultural es tan antigua como el nacimiento de la antropología. Sin embargo, la manera en que la disciplina ha abordado este tema ha variado a través del tiempo. El «otro» no es más el indígena aislado y subordinado a una cultura occidental dominante, el «otro» o mejor dicho los «otros» son representados por múltiples grupos sociales diferenciados por cultura, religión o nacionalidades, que en la actualidad comparten espacios físicos o virtuales y relativizan la misma existencia de un «nosotros» opuesto. Por ello, el reto de la mediación no está referido solo al ámbito cultural diferenciado sino a la creación de espacios institucionales donde los múltiples «otros» puedan dialogar en igualdad de condiciones.

Un segundo gran tema tiene justamente que ver con la emergencia de múltiples voces indígenas en el contexto del desarrollo extractivo. En un estudio muy actual del caso boliviano, Thomas Perreault analiza la precaria situación de los guaraníes. Efectivamente, a diferencia de los grupos aimara y quechua —cuyas protestas sobre el manejo y la distribución de los beneficios derivados de la explotación del gas natural contribuyeron directamente a la elección de Evo Morales, primer presidente indígena de Bolivia—, los grupos guaraníes —numérica e históricamente menos poderosos— han quedado al margen de los debates políticos dominantes en el país. Ello aun a pesar de que en sus territorios se viene desarrollando un enorme proyecto de gas.

De otro lado, Espinosa analiza desde una perspectiva histórica las distintas maneras en que las poblaciones indígenas se han aproximado al tema territorial. El autor argumenta que las concepciones de territorio y conciencia ambiental no son parte inherente de la cultura indígena sino una adopción relativamente reciente. En este sentido, el territorio se convierte en un concepto defensivo cuya adopción en el discurso indígena está íntimamente ligada a un objetivo mayor: la defensa de su espacio ancestral de reproducción social contra el impulso extractivo nacional. Así, el artículo mostraría cómo las poblaciones subalternas pueden incorporar conceptos dominantes para que su voz sea entendida y escuchada.

Esta problemática de la representación y política territorial se enmarca en la relación que las poblaciones locales, indígenas o no, establecen con el Estado que impulsa las dinámicas de extracción. Como muestran los trabajos de Chirif, Benavides y Salas, el impulso estatal desarrollista expresado en la imposición de modelos extractivistas puede generar transformaciones disruptivas tanto culturales como políticas. En este sentido, los artículos preparados por Alberto Chirif y Margarita Benavides expresan una personal visión que denuncia los enormes efectos desestructurantes que el desarrollo de proyectos extractivos tiene sobre las formas de vida de grupos indígenas en la Amazonía peruana. Chirif realiza un detallado recuento y critica el rol que el Estado ha jugado en el caso de la explotación petrolera en el río Corrientes, en territorio achuar. El Estado no solo habría sido incapaz de controlar los adversos impactos medioambientales y de salud, sino que ha negado los hechos en su objetivo de salvaguardar las inversiones en el sector. De otro lado, Benavides describe los conflictos suscitados a partir de la superposición de derechos y los conflictos derivados de ello entre territorios indígenas y proyectos extractivos. Para Benavides, buena parte de la explicación de la protesta indígena en los años 2008 y 2009 debe de encontrarse en el manejo propuesto por el Estado peruano de los recursos de la Amazonía, en específico, a través de los decretos legislativos promulgados en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América.

Asimismo, el artículo de Guillermo Salas analiza los cambios ocurridos en la política local bajo la influencia de las operaciones de la minera Antamina y muestra cómo la llegada del canon minero a la localidad de San Marcos ha desplazado el eje de la dinámica política de la compañía al municipio. Durante el tiempo de construcción de la mina y sus primeros años de operación (1999 a2006) la política local estuvo marcada por la tensa relación entre el municipio distrital y la compañía. La agenda de esta relación estuvo centrada en dos temas interrelacionados: el aporte de la compañía al desarrollo del distrito y los temores por posibles impactos ambientales de las operaciones. Sin embargo, a partir de 2006 en que el municipio distrital recibió enormes cantidades de dinero provenientes del canon minero, la discusión política se trasladó hacia la administración de los fondos por parte del municipio. A partir de ese entonces, se han configurado nuevas alianzas entre el municipio y las zonas rurales para quebrar los poderes tradicionales asentados en la capital del distrito minero de San Marcos.

El análisis de estos temas nos lleva a repensar tanto los marcos como las formas de representación cultural y política en contextos de desarrollo extractivo. La representación política de las comunidades campesinas e indígenas se ha sofisticado con la emergencia de identidades políticas emergentes y ha creado nuevas formas de representación, así como líderes cada vez más capacitados en lidiar con escenarios de gran extracción. Sin embargo, estas transformaciones y aprendizajes políticos se han venido desarrollando en el imperio de regímenes corporativos o estatales establecidos desde arriba, sin una efectiva participación local. En el caso peruano es claro que el Estado viene privilegiando la relación directa entre empresas y poblaciones locales sin regulación o escrutinio público adecuados. En una sociedad con grandes desigualdades sociales y acceso asimétrico a la información, la falta de reglas públicas y transparentes tiende a crear espacios para el avasallamiento, la manipulación o el conflicto violento. La constitución de nuevos sujetos políticos indígenas y campesinos que se ven obligados a lidiar en desventaja con el Estado y las corporaciones en marcos institucionales ambiguos y cambiantes es una huella política del desarrollo de las industrias extractivas a gran escala.

Un tema final tratado en este volumen es el de la representación mítica de la relación entre hombre y naturaleza en contextos de cambios en los sistemas de producción. Estudios etnográficos en las minas de socavón en los Andes peruanos y bolivianos mostraron seres como el muqui o el tío, dueños mitológicos de las riquezas de las montañas que se relacionan con los trabajadores mineros por medio de un conjunto de rituales cotidianos (Nash 1979; Salazar-Soler 1991, 2006). En este volumen, Salazar-Soler describe las características míticas del muqui que habitaba en la mina de Julcani en Huancavelica y su relación con la población de trabajadores mineros, para luego indagar sobre su destino al cierre de dichas minas. Así, descubre que varios ex mineros huancavelicanos trabajan ahora en la minería artesanal en Canta donde el muqui ha reaparecido como el chinchiliko.

En este mismo trabajo, la autora menciona que el muqui ha sido visto también en Yanacocha, la gran mina de oro en el norte peruano. Este hecho sería particularmente interesante puesto que hablaríamos de una migración no solo espacial sino también cultural en la dimensión mítica-material del concepto. Como sabemos, el muqui habita el socavón y surge en relación directa con los trabajadores que día a día entran en contacto con las entrañas de los cerros donde el ser mítico guarda el mineral. En Yanacocha, mina de tajo abierto y sistema de extracción a gran escala, la relación entre los trabajadores y la tierra está mediada por un sistema tecnificado de extracción. Siguiendo a Descola, se podría argumentar que en la minería clásica de socavón todavía se mantiene el ideal de una relación recíproca entre el hombre y la tierra, representado por la relación muqui-trabajador minero, mientras en la minería a gran escala esta relación se «orientalizaría», es decir, abandonaría un ideal cultural recíproco al centrarse en la maximización de la extracción.

En este contexto es interesante preguntarse, ¿qué lugar tendría el muqui en los regímenes actuales de producción? ¿Cómo «pagarle» al muqui cuando el ideal de relación recíproca parece imposible? En resumen, debemos mirar qué cambios culturales en la esfera mitológica acompañan a los nuevos regímenes de extracción en los Andes. Justamente, el artículo preparado por Santos Granero y Barclay examina una serie de historias que han surgido entre los asháninka, awajún y wampis de la Amazonía peruana. Cual una versión actualizada del pishtaco andino, en la Amazonía han aparecido una diversidad de seres sobrenaturales blancos que deambulan por las comunidades para robar a los indígenas su fuerza vital o introducir en sus cuerpos sustancias patógenas, lo que afecta su integridad personal y social. A través del concepto de «economías políticas de vida» los autores dan cuenta de cómo estas historias constituyen una respuesta a la violencia capitalista que experimentan estos pueblos como resultado de las agresivas políticas gubernamentales de estímulo a la inversión privada y las intensas actividades de un gran número de empresas extractivas en la región.

Finalmente, cierra esta edición especial de Anthropologica, el testimonio de Juan Ossio, actual ministro del recientemente formado Ministerio de Cultura. En un largo recorrido que combina el desarrollo profesional del autor con los avatares de la vida política peruana, Ossio aboga por tender puentes que superen los viejos desencuentros entre modernidad y tradición.

De esta manera, el presente volumen especial compila un conjunto de ­artículos que muestran recientes aportes que desde la ecología política y la antropología social, jurídica y cultural contribuyen al entendimiento de los fenómenos sociales asociados al desarrollo extractivo en la región andina y amazónica. Sin embargo, se extrañan áreas importantes de trabajo como la antropología económica y estudios de campesinado que den cuenta, por ejemplo, de los efectos de las industrias extractivas en las dinámicas familiares y regionales. Esperamos que futuros trabajos aporten en esta línea, así como los artículos presentados en este volumen procuran entender —a la par que cuestionar— los fundamentos sobre los que se desarrollan los proyectos modernizadores desde las industrias extractivas en las sociedades andinas.

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Tsing, Anna

2005            Friction: An  Ethnography of Global Connection. Princeton – NJ:PrincetonUniversity Press.


[1]      Véanse, por ejemplo, los clásicos trabajos sobre la revolución industrial africana (Gluck­man 1961), urbanización, parentesco y asociaciones urbanas (Bettison 1958, Epstein 1981), cambio social y estabilidad marital (Mitchell 1962), redes sociales (Mitchell, 1969), procesos y organizaciones políticos (Barnes 1969), relaciones laborales (Kapferer 1969), el recuento histórico de la creación de Rodesia del Norte (Gann 1958) o la etnografía de ciudades mineras hecha por la única investigadora no británica (Powdermaker 1962).

[2]      Para una revisión crítica de los estudios elaborados por la escuela de Manchester véase James Ferguson (1990a y 1990b) y Castillo (2000).

(*) Publicado originalmente en Anthropologica 28, suplemento 1, (2010): 5-19.

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