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Los procesos de reasentamiento involuntario (RI) son unos de los más sensibles en todo proyecto de desarrollo, muy especialmente en las industrias extractivas y pueden suponer serios riesgos, tanto para las poblaciones que se verían afectadas como para la viabilidad de los proyectos.

Definición

El RI es un proceso por el cual una persona, familia, grupo o comunidad debe ser trasladada de manera obligatoria a otro lugar, por una decisión que le es impuesta por un agente externo. Este desplazamiento podría tener consecuencias dramáticas sobre las vidas de las personas que habitan en las áreas  que se requieren utilizar.

Las principales causas de RI se derivan de conflictos armados y del requerimiento de tierras por parte de proyectos de desarrollo, incluyendo los de minería, hidrocarburos y energía.

Posibles impactos locales

Un proceso de RI mal diseñado o inadecuadamente implementado puede causar serios impactos sobre el desarrollo social de la población local. Entre los impactos más frecuentes se encuentran: la transformación de los modos de producción de las poblaciones; el debilitamiento o la eliminación de las redes sociales de soporte y cooperación, lo cual genera una sensación de incapacidad de controlar sus propias vidas; la afectación de las identidades culturales de las poblaciones; la creación de serios problemas de salud, incluyendo stress e inseguridad.

Además de ello, una pobre gestión de un RI podría representar un significativo costo adicional al proyecto y conllevar consecuencias negativas sobre las poblaciones y la región en el largo tiempo.

La resistencia local y la tensión política que esto supondría, podría ocasionar retrasos significativos en la ejecución de un determinado proyecto, especialmente por el incremento de los costos, la reducción de los beneficios del proyecto, y en casos extremos, hasta la suspensión del mismo.

Marco normativo internacional

Los procesos de RI están regulados por varias convenciones internacionales. Las más relevantes son la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1949), la Convención de Costa Rica (1969), el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes (1989), la Agenda 21 de Rio de Janeiro (1992), la Agenda Habitat de las Naciones Unidas (1996).

Asimismo, algunos organismos internacionales han elaborado guías, planes y directivas operacionales sobre el tema, en tanto financian proyectos de desarrollo que involucran el adquirir tierras.

Destaca el Banco Mundial, la primera agencia internacional en diseñar y adoptar políticas y procedimientos para atender los procesos de desplazamientos y las necesidades de quienes son reasentados. Así, su política operacional OP 4.12 propone el desarrollo de herramientas como el Plan de Acción para Reasentamiento (RAP por sus siglas en inglés) que provee una guía para el diseño y la implementación de proyectos de reasentamiento.

De manera similar, la Corporación Financiera Internacional ha elaborado una exhaustiva guía –Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan—que incluye procedimientos y acciones que procuran un reasentamiento adecuado y compensar a las poblaciones afectadas.

Estándares sociales

Una condición previa a todo proceso de RI es que este deberá ser evitado en la medida de lo posible y ser la última opción a considerar para el desarrollo del proyecto.

El principio guía un RI es que la población afectada pueda reproducir iguales o mejores condiciones de vida en el lugar de reasentamiento. De esta manera el objetivo del RAP es asegurar a las poblaciones desplazadas mayores beneficios de los que tenían.

Las poblaciones desplazadas deberán recibir compensaciones apropiadas por las pérdidas sufridas (tierra, vivienda, infraestructura, entre otros) pero además, deberán ser capaces de reconstruir sus condiciones productivas, sociales, políticas y culturales que les asegure una mejora en sus estándares de vida.

Por ello, las medidas sociales de un adecuado RAP incluyen: establecimiento de una línea base socio-económica contra la cual pueda ser comparada la situación posterior al reasentamiento; ayuda a la población en el proceso de traslado y el reasentamiento; asistencia a la población para mejorar su nivel de vida e ingresos, prestando especial atención a los grupos más vulnerables y al género;  compensación en la que la ausencia de título de propiedad no sea un obstáculo para acceder a ella; integración de la población desplazada con la receptora en la planificación y ejecución del RAP en un único proceso.

En términos generales, antes de la reubicación la población deberá sentir que el reasentamiento contribuirá al mejoramiento de sus condiciones actuales de vida y después del reasentamiento, se deberá haber logrado integrar social y económicamente a la población a su nuevo entorno.

Recomendaciones

Los procesos de RI enfrentan numerosos riesgos sociales, tales como la incertidumbre de la población local, el aumento de la especulación de tierras, el arribo de nuevos pobladores al área de influencia directa, el surgimiento de expectativas de mejora desmedidas, cambios severos en las formas de producción, etc.

Por ello, conviene tomar en consideración:

  • Más que una línea base, se requiere de un sistema de monitoreo que permita medir la calidad de vida de las poblaciones afectas e implementar de manera continua medidas correctivas.
  • Los procesos de desarrollo y oportunidades implementados deberán tomar muy en cuenta la distribución de poder y de recursos al interior de la localidad a ser reasentada así como la en la localidad receptora.
  • Entre los elementos a tener en consideración se encuentran las diferenciaciones de género, de edad, de propiedad de la tierra y las condiciones de vulnerabilidad de las personas.
  • Es necesario promover la activa participación de los diferentes actores, tanto para identificar sus necesidades y condiciones iniciales como para manejar sus expectativas.
  • Una buena propuesta de RI pasa por convertir el reasentamiento en un proceso de desarrollo y oportunidad para los pobladores locales, los cuales estarán interesados en el desarrollo exitoso del proyecto extractivo.

Gerardo Castillo Guzmán

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