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Desde la década de 1990, muchos países de América Latina han experimentado un boom de las industrias extractivas de minería e hidrocarburos. Esta situación ha posibilitado el ingreso de importantes recursos financieros a los gobiernos centrales, con los cuales se han iniciado ambiciosos programas sociales. Sin embargo, también ha significado el alarmante aumento de conflicto social con las poblaciones locales; sobre todo en aquellos territorios donde las actividades extractivas son nuevas, como el sur del Ecuador, el norte peruano y la Argentina o Uruguay.

Por esta razón, desde la sociedad civil se han empezado a levantar voces que argumentan a favor del ordenamiento territorial (OT) como una manera de resolver o al menos aminorar el conflicto. Así, si se estableciera con antelación y de manera participativa y consensuada en qué territorios se pueden realizar actividades extractivas y cuáles no, el conflicto no tendría cabida.

Sin pretender negar la utilidad y necesidad de avanzar en temas de planificación y ordenamiento con un enfoque territorial, quisiera brevemente enumerar algunas dificultades de esta argumentación.

Primera. Existe una enorme confusión acerca de lo que significa el OT. Prueba de ello son las diversas definiciones que existen, desde aquellas que indican que el propósito del mismo es la clasificación física de los suelos con fin de definir “vocaciones” y minimizar riesgos naturales hasta aquellas que señalan que el objetivo es el solucionar conflictos, propiciar una sociedad democrática y alcanzar un desarrollo sostenible e inter-generacional. Por ello, en estas definiciones hay un alto grado de voluntarismo político que parten más de las intenciones que procuran alcanzar algunos sectores antes de que de ordenamientos sociales e institucionales concretos.

Segunda. Los instrumentos que se utilizan para los procesos de ordenamiento territorial han sido tomados de las experiencias planeamiento urbano, especialmente en los Estados Unidos. Este planeamiento tenía como escala una ciudad y estaba diseñado para lidiar con problemas superficiales de uso del espacio y la zonificación. Por tanto, no están adaptados a contextos de escala regional-nacional, con actividades productivas en competencia, ni para sociedades con una altísima disparidad social y económica.

Tercera. El ordenamiento territorial propiamente dicho es un proceso de decisión política que se da sobre la base de la información provista por la zonificación ecológica y económica. Sin embargo, cabe destacar que la zonificación es una propuesta de uso entre varios posibles (por ejemplo, un mismo territorio puede ser urbanizado, conservado, dedicado a la agricultura o a la explotación de recursos minerales) antes que formas de vetar usos. Además, para poder tomar decisiones adecuadas es necesario contar con diversa información, especialmente si es que se busca evaluar la pertinencia del desarrollo de actividades extractivas. Lamentablemente, buena parte de los procesos de zonificación se producen sin contar con información geológica detallada y actualizada.

Cuarta. Casi sin excepción, los procesos de ordenamiento territorial en marcha en el país están guiados por una visión agrarista que procura oponerse a la expansión de las industrias extractivas. Según esta visión, las poblaciones rurales deberían seguir dedicándose a las mismas actividades que realizan y las migraciones a las ciudades son entendidos como síntoma de desestructuración.

Por todo ello, es indispensable comprender los límites de los intentos de ordenamiento del territorio. Por sí solo, el OT no solucionará los problemas de desarrollo regional. De esta manera, considero que es necesario empezar a pensar seriamente el crecimiento de las regiones bajo el impulso de ciudades intermedias dinámicas que brindan servicios y producen bienes y atraen flujos de capital y poblaciones rurales empobrecidas.

Esto implica repensar las formas cómo se vienen aplicando los procesos de ordenamiento territorial y, sobre todo, imaginar creativamente cómo pueden las industrias extractivas contribuir al desarrollo y la articulación regional.

(1) Publicado originalmente en el suplemento dominical Semana, de el diario El Tiempo, domingo 29 de enero de 2012.

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