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Han pasado cerca de 100 días desde que asumió la presidencia Ollanta Humala. En una de las más disputas y polarizadas elecciones que ha tenido el país en las últimas décadas, para buena parte de la población la elección de Humala significaba un salto al vacío o, más exactamente, un retroceso hacía medidas económicas estatistas y políticas de rasgos dictatoriales.

Por ello, es conveniente establecer un balance sobre las políticas implementadas durante este periodo inicial, en que generalmente se establecen los gestos políticos simbólicamente importantes además de delinearse las reformas prioritarias para el régimen.

A continuación señalo algunos puntos sobre la economía y la política que contribuyan a este balance.

  • Economía. Para gran parte del establishment y del sector empresarial, el gran temor de las políticas del nuevo gobierno se refería el tema económico. Este temor, además de una fuerte dosis de ataques grotescos por parte de un gran sector de la prensa, estaba sustentado en la lectura del plan de gobierno original, preparado por un equipo liderado por el economista Félix Jiménez.

Sin embargo, entre las primeras medidas tomadas por el gobierno fue el nombramiento de personas ligadas a esquemas de libre mercado en puestos clave: Luis Miguel Castilla en el Ministerio de Economía, después de haberse desempeñado como vice-ministro durante el segundo gobierno de García Pérez, y el ratificado Julio Velarde en el Banco Central de Reserva.

Estas designaciones, junto con reiteradas promesas por parte tanto del Presidente como de su Primer Ministro, Salomón Lerner Ghitis, han contribuido a calmar la ansiedad y lograr que las expectativas de crecimiento del país se ubiquen por encima del 6%, aún en el contexto mundial de crisis. Gran punto a favor del régimen de Humala.

Sin embargo, estos signos de estabilidad macro-económica solo tienen sentido si permite promover la inclusión social, la gran promesa electoral del humalismo. En este sentido, merecen destacarse tres medidas. Primero, el logro de un aumento sustancial de la contribución de las empresas mineras a través de un acuerdo de consenso que permite no romper los marcos legales de estabilidad tributaria y límites de competitividad, sobre todo en comparación con nuestro vecino Chile. Aunque algunos sectores de la izquierda cuestionan el monto y la forma, el ingreso de recursos directos para el gobierno central para emprender proyectos mayores de infraestructura –importantes no solo para cerrar las brechas del país sino también para incentivar la economía en momentos de crisis— es importante.

Segundo, aunque con muchas más complicaciones, se han avanzado en las negociaciones para dedicar de manera exclusiva las reservas de gas del proyecto Camisea al mercado interno peruano. Ello es importante no solo por ser una promesa electoral central y por el ahorro que supondría para la nación abastecerse con un gas barato –por las condiciones especiales de su explotación, que supuso cero costo de exploración para el consorcio encargado. Ante todo es clave por que podría suponer la puesta en marcha de ambiciosos planes de desarrollo gasífero –incluyendo plantas petroquímicas y de fertilizantes— para el sur andino, la región con mayores índices de pobreza y el enclave electoral de Ollanta Humala.

Tercero, la captación de mayores recursos para el gobierno central es justificada por la necesidad de potenciar y redirigir los programas sociales con el fin de reducir dramáticamente la pobreza, especialmente en las áreas rurales. La pronta creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo función es la de centralizar los programas y tornarlos más eficientes evitando los serios problemas de duplicidad y filtración existentes, es señal de la prioridad dada al tema. También lo es la designación de Carolina Trivelli, economista experta en el tema y de clara independencia política, como ministra. Los avances parecen estar en la línea correcta aunque aún es prematuro cualquier balance.

Si bien el manejo económico puede ser el área con mejor balance, persisten ciertas dudas a futuro: ¿Qué ocurrirá en el gobierno si es que Lerner Ghitis, considerado el artífice de la moderación exhibida, se retira del cargo?, ¿cuánto presión pueden ejercer las demandas populares como sectores tradicionales de izquierda dentro del gobierno?

Ciertamente, algunos funcionarios importantes reclaman una intervención estatal directa en sectores claves. Tal es el caso de Humberto Campodónico, presidente de PetroPerú. Otros casos son los puertos y una línea aérea comercial de bandera.

  • Gobernabilidad y política: una preocupación central con respecto a la elección del representante de Gana Perú fue si las expectativas generadas por el régimen conducirían a una de escalada de los conflictos sociales y a un proceso de ingobernabilidad.

Hasta ahora el gobierno no ha enfrentado una movilización social de grandes proporciones –tal como fueron los sucesos de Bagua o Puno durante el último gobierno de García. Sin embargo, ya se han producido algunas protestas de alerta. En este sentido, cabe destacar dos puntos centrales: la generación de nuevas fuentes de conflictos y la capacidad de las instancias estatales para prevenir y gestionar los conflictos.

Con respecto a lo primero, las causas centrales de los conflictos se mantienen. Tal como señalan los informes de la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de los conflictos sociales están relacionados con actividades extractivas (minería, hidrocarburos y proyectos energéticos). Al margen de cualquier consideración ideológica, el gobierno está muy interesado en impulsar el desarrollo de proyectos extractivos y energéticos, tal como lo intentan todos los gobiernos de la región latinoamericana. La enorme cantidad de inversiones proyectadas para el año 2012 así como la intención de aprobar un acuerdo energético con el Brasil son prueba de ello.

Evidentemente, estas inversiones no estarán exentas de conflictos con las poblaciones locales y con los gobiernos sub-nacionales, ya sea porque se oponen a su desarrollo por considerar afectan determinados ecosistemas o porque se procura un mayor porcentaje de beneficios.

El gobierno, aunque no de manera explícita, estaría planteando una estrategia sobre la base de tres elementos: fortalecer la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros; promulgar la ley de consulta previa de los pueblos indígenas; y articular una legislación de ordenamiento territorial.

Sin embargo, es dudoso que estos tres elementos de sí tengan gran eficacia. El primero, si no está articulado –con mandatos y competencias claras— con otras instancias del poder ejecutivo y los gobiernos sub-nacionales, solo servirá como una instancia de mediación para negociar caso por caso los conflictos que surjan.

La ley de consulta previa es un mecanismo de reconocimiento de derechos y no de  prevención y resolución de conflictos. Además de crear altas expectativas, falta aún el diseño e implementación del reglamento. Ante la falta notoria de capacidades, tanto del Estado como de la sociedad civil, para entrar en complejos procesos de búsqueda de consentimientos, es difícil que este marco legal de frutos inmediatos.

El intento de ordenar el territorio es más un ideal voluntarista que una medida práctica. Tal como están diseñadas las leyes actuales, son una fuente de conflicto entre el Estado central –a través del Ministerio del Medio Ambiente— y los gobiernos regionales y, además, entre los sectores agraristas y los grupos ligados a las actividades extractivas.

De otro lado, se esperaba una acción más clara con respecto a la reforma del Estado, no solo para lograr una menor conflictividad sino para enfrentar los serios problemas de desigualdad e ineficiencia al interior del mismo.

No obstante, son pocos los avances en esta línea. Más allá de algunas declaraciones sueltas aún no existe un consenso y una política frente a la enorme inequidad en la distribución geográfica de los recursos estatales que genera el sistema del canon. Asimismo, la autoridad encargada del servicio civil –SERVIR— continúa con planes de capacitación gerencial pero no enfrenta el problema de crear un sistema de administración pública coherente.

Asimismo, la urgente reforma de las fuerzas armadas y las policiales tiene sus bemoles. Se ha iniciado un controversial proceso de pase al retiro de gran cantidad de oficiales, lo cual contribuiría a eliminar la enorme distorsión producida durante el régimen dictatorial de Fujimori. Sin embargo, estos cambios se están produciendo con poca transparencia y se extienden sospechas de que sirvan para promover a oficiales de la generación del presidente Humala y afines a él.

En una línea paralela, existen dudas sobre la idoneidad varias autoridades en el sector defensa, sobre todo en lo referente a su respeto y comportamiento alrededor de los derechos humanos. El ministro de defensa, Daniel Mora, es uno de los más cuestionados.

Otras tres temas clave del escenario político tienen un desempeño tibio: narcotráfico, corrupción y libertad de prensa.

Con respecto al primero, tras 20 años de políticas fallidas y el mantenimiento de las políticas de interdicción promovidas por los Estados Unidos, el Perú acaba de alcanzar el penoso primer lugar en la producción de cocaína a nivel mundial. Demás está decir que la violencia ligada al narcotráfico, incluyendo sus alianzas con rezagos de Sendero Luminoso, crece; así como su influencia en la escena política. La gestión inaugurada por Ricardo Soberón en Devida ha provocado fuerte rechazo entre la oposición política por señalar lo evidente, las políticas actuales son un fracaso. No obstante, más allá de esa constatación no hay evidencia de que se producirán mejoras sensibles.

El tema de la lucha contra la corrupción –que se ha posicionado como uno de los de mayor preocupación de la ciudadanía, por encima incluso que el de la pobreza— fue otro de los pilares de las promesas electorales de Ollanta Humala. Ciertamente, el gobierno se instaló prometiendo investigar los múltiples casos de corrupción del segundo gobierno de García.  No obstante, más allá de empezar a armar una mega comisión investigadora en el parlamento que parece tener más un cariz político, poco es lo que se ha hecho por fortalecer las salas anticorrupción u otras medidas. Asimismo, el partido de gobierno se ha visto comprometido con escándalos de corrupción dentro del parlamento, el más notorio el del primer vice-presidente Omar Chehade, acusado de tráfico de influencias.

La relación con gran parte de la prensa fue sumamente tensa durante las elecciones. Ciertamente, varios de estos medios continúan con una política de ataques mal informados, tal como lo hacen con la alcaldesa de Lima Susana Villarán. Establecido en el gobierno, el presidente Humala ha intentado en repetidas ocasiones de asegurar el respeto por la libertad. Ciertamente, tal como lo ha señalado el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, durante la 67 Asamblea General de la SIP, hasta el momento en nuestro país impera un clima favorable y de tolerancia al ejercicio de la libertad de prensa. Sin embargo, vale indicar que varios periodistas han sido acosados por el poder judicial y autoridades nacionales e incluso se han producido asesinatos que aún no han sido esclarecidos. Además, desde algunos sectores del Congreso se ha puesto en debate una ley sobre delitos de prensa, la cual podría servir como limitante a la libertad de expresión.

Finalmente, cabe destacar que la aceptación presidencial se mantiene bastante alta. Según la encuestadora Apoyo ella llega al 62%, ligeramente menor al 70% con la que inició el régimen. La percepción de que la política económica ha virado hacia el centro derecha se muestra en que la caída de la aprobación del presidente ha sido mayor en el sur andino (unos 15 puntos), mientras que en los estratos A y B ha subido.

Para un presidente que no posee un partido bien estructurado, buena parte de la legitimidad y fuerza para su gestión estará basada en la aprobación que tenga entre la población. Con ella, junto con las inestables alianzas parlamentarias, podrá impulsar las reformas que se propone. Asimismo, mantener esta legitimidad y aprobación de grandes sectores de la población implica que las políticas sociales sean efectivas, que se perciban avances concretos en la lucha contra la corrupción y que el conflicto social se mantenga en niveles manejables.

Gerardo Castillo Guzmán


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