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El pasado 23 de agosto el Congreso de la República aprobó por unanimidad la ley de consulta previa, lo cual ha provocado reacciones opuestas. Desde entusiastas, provenientes de organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de poblaciones indígenas y campesinas, hasta pesimistas, generalmente sostenidas por personas relacionadas con organizaciones pro-empresa, muy especialmente en el sector extractivo.

Las primeras consideran que la promulgación de la ley no solo hace justicia a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado peruano que el gobierno anterior se había negado a asumirlos, sino que aliviaría el conflicto social al establecer un marco más adecuado de consulta social ante el desarrollo de proyectos en territorios rurales.

Las segundas argumentan que la ley es una medida populista que exacerbará el conflicto social vía el empoderamiento de las poblaciones locales al establecer medidas similares al derecho de veto. Ello sería una seria amenaza al desarrollo de proyectos extractivos en el país así como a la inversión extranjera. Finalmente, se evidenciaría una debilidad del Estado que retrocede frente a las presiones de algunos grupos sociales.

En estas líneas delineo cuáles son los escenarios que se abren en al país para el desarrollo de las industrias extractivas y señalo algunos retos que el sector deberá gestionar si es que procura continuar la expansión de sus proyectos.

Escenarios

El contexto que se ha configurado en el país –de resistencia al desarrollo de proyectos extractivos y de reclamo por mayores derechos desde las poblaciones locales y mayor regulación desde el Estado— es parte de un contexto global que se manifiesta muy especialmente en los países latinoamericanos. Este contexto es producido por dos procesos independientes que convergen. De un lado, el aumento de la capacidad de articulación y voz de los movimientos indígenas y, de otro, el establecimiento de marcos socio-ambientales a escala global –como es el caso de los estándares del IFC o el artículo 169 de la OIT—, de otro.

La promulgación de la ley de consulta previa puede ayudar a configurar dos escenarios, no necesariamente excluyentes:

  • Poblaciones locales empoderadas y opuestas de manera principista, por motivos ecológicos u otras razones, al desarrollo de proyectos extractivos dentro de sus territorios de influencia.
  • Poblaciones locales empoderadas y con mayor capacidad de negociar mejores beneficios como condición para el desarrollo de proyectos extractivos.

Estos escenarios están cruzados por la variable de heterogeneidad. Es decir, puede haber casos de fuerte consenso entre poblaciones más o menos homogéneas como otros de alto disenso con poblaciones fuertemente fragmentadas y sin liderazgos sólidos.

Retos

Son varios los retos que enfrentan las industrias extractivas de cara al nuevo marco jurídico y social. Sin embargo, destacamos tres:

  • La negociación no será exclusivamente con el Estado sino que implicará necesariamente a poblaciones locales. Los proyectos extractivos se localizan en ecosistemas diferentes con actores sociales diferentes. Por tanto, es necesario conocer de manera precisa el entorno social en el que se busca desarrollar los proyectos y relacionarse con él de mejor manera. Esto supone mejorar las capacidades internas de la empresa para el relacionamiento local así como contar con mejor información y estudios sociales.
  • La capacidad negociadora de las poblaciones locales aumentará. Por ello, se deben de idear nuevas medidas que tornen atractivo el desarrollo de los proyectos a las poblaciones locales, por ejemplo, sistemas de accionariado compartido. Además, se debe de reconocer y estar preparado para enfrentar la posibilidad de que en algunos casos los proyectos extractivos no serán aceptados. Así, es imperioso que las empresas midan y evalúen el riesgo social de los proyectos que procuraran realizar y establezcan adecuados sistemas de monitoreo social.
  • Finalmente, los tiempos necesarios para poner en marcha los proyectos así como la calidad de la relación establecida aumentarán sustancialmente. Ello coloca un reto especial para las empresas junior, quienes no solo deben de entusiasmar a los compradores de acciones sino también a las poblaciones locales. Por ello, es necesario incluir instrumentos y enfoques sociales en los sistemas de planificación de los proyectos. En otras palabras, elaborar sistemas integrados de gestión social.
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