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Las elecciones presidenciales peruanas del 2011 han enfrentado a dos partidos que representan modelos de desarrollo opuestos de país con candidatos que para cerca de la mitad de la población eran las opciones con más resistencia.

De un lado, Ollanta Humala, es un ex-militar con acusaciones golpistas y que surgió en la política peruana con un discurso nacionalista con fuertes rasgos estatistas en lo económico. De otro lado, Keiko Fujimori, hija del presidente que en la década de los años 1990 gobernó el país y se encuentra preso por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.

A pesar de sus credenciales y entorno ligados al pasado, la representante de Fuerza 2011 era una candidata mucho más atractiva para los sectores empresariales y urbanos. Ello se debía tanto a su orientación pro libre mercado y de atracción de inversión extranjera como por los fuertes temores que despertaba el programa estatista y de economía controlada propuesto en primera instancia por el candidato de Gana Perú.

Un tema especialmente de cuidado para el sector minero ha sido la propuesta de impuestos a las sobre ganancias, o impuestos escalonados según las ganancias de las compañías mineras en vez del actual impuesto fijo. Esta propuesta fue originalmente levantada por Humala pero en la segunda vuelta fue incluida en los ofrecimientos de Fujimori.

En unas ajustadas elecciones, Ollanta Humala ha sido elegido presidente con alrededor del 51.6% de los votos frente al 48.3% de su contrincante, lo cual representa una diferencia de cerca de medio millón de votantes[1].

Ante esta situación, cabe preguntarse cuáles son los riesgos que surgen del escenario futuro posible para los proyectos y las inversiones mineros en el país y cuáles son los principales retos que la industria deberá de enfrentar.

Escenario

Aunque pueda parecer contradictorio, el triunfo del candidato nacionalista configura un escenario menos riesgoso que el triunfo de la candidata fujimorista.

La principal razón para afirmar ello son:

  • En casi todas las principales regiones mineras del país ganó con amplio margen Ollanta Humala. La excepción es La Libertad, pero si se observa por separado las zonas andinas y, especialmente, las áreas rurales, se notará que la ventaja humalista es abrumadora. De esta manera, si es que Fujimori –a quien varias encuestas de opinión muestran que la mayoría de personas la asocian con los grupos más pudientes— hubiera sido elegida, un altísimo porcentaje de la población donde se ubican los proyectos extractivos estaría desde el inicio en contra del gobierno y de los proyectos mineros que él promueve. Una población que tiene alta capacidad de organización y enfrentamiento y hallaría eco en una oposición que tiene mayoría simple en el Congreso.
  • Con respecto a la capacidad de gestión de los conflictos, es probable que el estilo del partido Fuerza 2011 fuera a través de mayor confrontación. Puede que ello resuelva casos específicos en el corto plazo, pero no genera una estrategia sostenible en el largo plazo. De manera inversa, asumido el gobierno por parte de Ollanta Humala, es probable que los conflictos sociales tengan una distensión por algún tiempo y, sobretodo, el gobierno central contará con mayor legitimidad para imponer medidas regulatorias y mediar conflictos. Conviene notar la mayor pro-actividad y capacidad de llegada que tuvo este candidato ante el caso de los conflictos recientes en Puno.
  • Con la llegada de un gobierno de Gana Perú es posible que las expectativas de las poblaciones aumenten, y se corre el riesgo de desbordarse. Sin embargo, es menos complicado negociar con recursos y en bonanza que en carestía.

Retos

Son varios los retos que enfrenta la industria para un adecuado desarrollo en el largo plazo. Sin embargo, tres son los desafíos urgentes que surgen del nuevo escenario político en el país y la región latinoamericana.

  • Ordenamiento del territorio: en varias regiones y en varios países latinoamericanos se escucha con fuerza la necesidad de ordenar de alguna manera las actividades productivas en el territorio[2]. Esto supone una revisión de los procedimientos de concesiones y la necesidad de concertar entre diferentes actores en los planes de desarrollo regional. En este contexto, las empresas mineras deberían: i) elaborar una visión y una propuesta de desarrollo territorial propias y ii) desarrollar capacidades, estrategias e interlocutores para negociar estos procesos de ordenamiento.
  • Independencia en la supervisión ambiental y social: si bien el Ministerio de Energía y Minas conserva las facultades de regular y supervisar la actuación ambiental de la gran y mediana minería, existen fuertes reclamos para que en el futuro cercano estas competencias se trasladen al Ministerio del Medio Ambiente y/o a los Gobiernos Regionales. Asimismo, existen iniciativas importantes para mejorar la  supervisión de acuerdos sociales. En este contexto, las empresas del sector deberían: i) mejorar sustancialmente la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental; ii) iniciar procesos de supervisión y certificación ambientales independientes; y iii) explorar iniciativas de supervisión social independientes.
  • Mejora en los sistemas de distribución de los beneficios: el tema de mayores impuestos a las empresas mineras es el más notorio pero no el único. En diversos foros y entre diversos actores nacionales y regionales se viene debatiendo cuestiones de conveniencia del sistema actual de canon, manejo del mismo, creación de mecanismos de estabilización y distribución  inter-generacional, entre otros. En este contexto, las empresas extractivas deberían de: i) revisar sus estrategias de RSE, fondos de aporte voluntario y fideicomisos, las cuales, lejos de haber aliviado los conflictos parecen haberlos alimentado; y ii) prepararse para dialogar con el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales la opción de mayor contribución tributaria a cambio de un mejor y más activo Estado –incluyendo infraestructura, educación, seguridad, salud y programas sociales— en las áreas de influencia de los proyectos mineros.

Gerardo Castillo Guzmán


[1] Datos al 94% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

[2] Además, es inminente el debate de la ley sobre consulta previa en los proyectos extractivos.

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